En su punto más alto, este programa atendía a mil 036 escuelas y 128 mil 133 alumnos en Sinaloa, mientras que en todo México eran 27 mil escuelas y 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes, destaca Mexicanos Primero
A adoptar todas las medidas que sean pertinentes para restaurar todos los beneficios que estaban previstos en el programa Escuelas de Tiempo Completo, ordenó a las autoridades la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
Este fallo se deriva de una demanda de amparo presentada por Aprender México, brazo jurídico de Mexicanos Primero, acompañados por el despacho Aguilar Barroso Abogados.
“(Se ordena) adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquella (ETC), incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para ese fin”, sentenció.
En su punto de mayor cobertura, el ciclo escolar 2019-2020, el programa Escuela de Tiempo Completo atendía en Sinaloa a mil 036 escuelas, de las cuales en mil 023 se otorgaba a los estudiantes el servicio de alimentación. En total se beneficiaban aproximadamente 128 mil 133 estudiantes, 5 mil 656 docentes y mil 036 directivos.
A nivel nacional este programa llegaba a 27 mil escuelas, en beneficio de 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes.
La Jueza determinó que las autoridades violaron el principio de progresividad en los derechos a la educación y a la alimentación de las NNA, además del interés superior de la niñez, ya que las Escuelas de Tiempo Completo otorgaban beneficios que garantizaban el ejercicio de estos derechos, los cuales ya no son posibles de obtener a través del programa La Escuela es Nuestra, que es hacia donde se trasladaron los objetivos del PETC.
La Jueza aclara en su fallo que en el supuesto caso que no sea posible la restauración de las Escuelas de Tiempo Completo, las autoridades están obligadas a modificar el programa La Escuela es Nuestra 2022 de tal manera que contemplen los mismos derechos y beneficios que tenía el primero.
Sobre la determinación de la Jueza federal, Mexicanos Primero indicó que asumieron esta lucha por los derechos a la educación y a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes como un compromiso indeclinable.
“La lucha jurídica que seguimos avanzando no es un capricho ni un sinsentido que solo pretenda confrontar a las autoridades, sino apoyarlas, como intentamos en reuniones específicas con las y los funcionarios de la SEP, entregando a la Secretaria en forma oficial un diseño alternativo, y apelando en reuniones públicas con las y los legisladores de la Mesa de Trabajo que se estableció para tal efecto”, destacó el organismo de la sociedad civil.
Agregó que en esta lucha han contribuido muchos otros activistas con conferencias, quejas ante la CNDH y litigios paralelos, porque se trata de un esfuerzo social cuya guía única es la defensa de los derechos de NNA que siguen siendo violentados.
“No podemos permitir que la simulación, disfrazada de buenas intenciones, termine por extinguir, en los hechos, un servicio que se ha vuelto crítico para hacer justicia a las comunidades escolares, y apuntalar a las y los estudiantes que más lo necesitan”, destacó.
Mexicanos Primero exhortó a la SEP a no comportarse como enemiga y la Secretaría de Hacienda a responder en forma veloz y efectiva a un cumplimiento honesto, y reajustar el modo de gastar el dinero.
“Alimento, y no cemento, es lo que ahora se necesita; tiempo adicional para recuperar el equilibrio socioemocional y para remontar la pérdida de aprendizajes es la mejor política pública siempre, pero especialmente en esta coyuntura”, subrayó.
Por su parte, Gustavo Rojas Ayala, director general de Mexicanos Primero Sinaloa, lamentó que la SEP ya haya manifestado su voluntad de apelar al fallo de la justicia federal que la obliga a restituir el programa de Escuelas de Tiempo Completo.
“Lo hizo con la premura que le ha faltado para atender a la gran crisis causada por la pandemia. En su argumentación se trasluce la identidad que la dependencia ha demostrado, independiente del funcionario titular de turno: voluntad sobre razón, retorica sobre realidad”, manifestó.
Aclaró que el programa La Escuela es Nuestra no representa una continuidad de Escuelas de Tiempo Completo y mezclar ambos es un error.
“La razón más relevante es que la entrega directa de una sola bolsa de recursos a las familias las pone en un predicamento, pues las obliga a tomar la decisión de optar por la jornada extendida y la alimentación o por atender temas de infraestructura. Esto no debería ser así. Una cosa no debiera implicar renunciar a la otra. La garantía de derechos sociales, como el derecho a aprender debiera siempre ser progresiva, nunca regresiva. Avanzar en la dirección contraria es un despojo”, señaló.
Rojas Ayala aseguró que la alternativa más conveniente para el derecho a aprender es mantener programas para atender a temas de infraestructura y a la extensión de la jornada escolar en una sana y funcional separación.
PARA SABER
El programa Escuelas de Tiempo Completo alcanzó su mayor cobertura en el ciclo escolar 2019-2020 en Sinaloa
En ese ciclo había mil 036 escuelas en el PETC, beneficiando a 128 mil 133 alumnos, 5 mil 656 docentes y mil 036 directivos.
En mil 023 escuelas se brindaba a los estudiantes el servicio de alimentación, de las cuales eran 119 de preescolar, 808 primarias, 90 secundarias y 6 educación especial.
