El organismo plantea, entre otras cosas, que la ASE realice pase de lista en los centros de trabajo para corroborar si las personas que están en la nómina están laborando
Luego del escándalo que se desató en Sinaloa al descubrirse una red de corrupción dentro de la Secretaría de Educación Pública y Cultura para la asignación de horas y plazas, Mexicanos Primero Sinaloa recomendó tomar una serie de acciones para atajar esa problemática y establecer sanciones a los responsables de este tipo de actos.
Gustavo Rojas Ayala, Director General de MPS, recordó que los esfuerzos por abordar esta problemática tienen al menos 15 años, ya que desde el 2008, la Alianza por la Calidad de la Educación determinó la implementación de concursos de ingreso para acceder a plazas docentes.
Agregó que en 2013 este tema sería un elemento central de una reforma constitucional que obligaría a concursar todas las plazas, temporales y definitivas, para el ingreso, promoción y reconocimiento de docentes, junto con la creación del Servicio Profesional Docente.
“Este sistema avanzó con muchas dificultades y únicamente pudo actuar para transparentar la nómina de trabajadores financiada con recursos federales, pero no con los estatales, por lo que el problema persistió y en 2017 la Auditoría Superior de la Federación detectó que en la nómina federal de trabajadores de la educación en Sinaloa, 607 personas recibían pago, pero no fueron ubicadas en su centro de trabajo”, aseveró.
El representante de MPS añadió que el gobierno federal actual implementó nuevas reformas constitucionales reemplazando el Servicio Profesional Docente por la Unidad del Sistema Para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), pero en ambos casos, los sistemas resuelven la forma en la que los docentes postulan a las oportunidades de nuevo ingreso a plazas temporales y definitivas, así como a promociones verticales y horizontales, pero no el manejo de la administración interna de las plazas que se van dando de baja en las entidades.
Rojas Ayala dijo que se desconoce si con la destitución de funcionarios y la renuncia del Subsecretario Horacio Lora Oliva esta red ya está desarticulada dentro de la SEPyC, pero lo que sí quedó demostrado es que la corrupción puede llegar a alcanzar las más altas esferas.
“Una investigación en curso en manos de la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad podría arrojar nuevas sanciones y debiera dar a conocer los mecanismos que permitieron que estos actos ilícitos ocurrieran. De dichos antecedentes, pudieran surgir rutas para que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa proceda contra posibles faltas perseguibles en lo penal”, expresó.
Ángel Leyva Murguía, Director de Investigación de MPS, consideró necesario que se destinen recursos para elaborar un censo de docentes bajo la metodología del Centro de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, para conocer la situación en la que están las escuelas, docentes y alumnos en Sinaloa.
Además, indicó, se debe permitir la participación de testigos públicos en el proceso de asignación de plazas; realizar un proceso de conciliación para conocer y validar el monto y número de plazas ocupadas y vacantes.
Agregó la necesidad de publicar la nómina estatal de docentes y la información relativa al movimiento del personal entre escuelas; conferir a la Auditoría Superior del Estado la responsabilidad de implementar un pase de lista para corroborar que las personas en la nómina educativa efectivamente laboran en su centro de trabajo.
Y, por último, identificar a todos los responsables e implicados en la red de corrupción, establecer las sanciones correspondientes y resarcir el daño a las personas afectadas por las irregularidades.
ACCIONES PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN EN SEPyC
- Destinar recursos para realizar un censo de maestras y maestros de todo el estado
- Permitir la participación de testigos públicos en los procesos de asignación de plazas
- Conciliación de plazas para conocer y validar monto y número de las que están ocupadas y vacantes
- Publicar la nómina estatal de docentes y el movimiento del personal entre escuelas.
- Facultar a la ASE para implementar un pase de lista para corroborar que las personas en la nómina educativa efectivamente laboran en su centro de trabajo.
- Identificar a todos responsables e implicados en la red de corrupción, establecer las sanciones correspondientes, y resarcir el daño a las personas afectadas por las irregularidades
