Esta semana, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) publicó el reporte “Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2020”. De acuerdo con el reporte, vivir en la pobreza, vivir con discapacidad, o pertenecer a una comunidad migrante o indígena, expone a niñas, niños y jóvenes a un mayor riesgo de abandono escolar y a una probabilidad mayor de resultados de aprendizaje insatisfactorios. Así, aunque en los últimos años haya aumentado sostenidamente la matriculación de estudiantes en las escuelas del Sistema Educativo Nacional (SEN), no todos están aprendiendo ni participando de manera equitativa.

En el texto, se transmite con claridad algo que desde Mexicanos Primero hemos estudiado y analizado por más de una década: el sistema educativo nacional padece, al tiempo que reproduce, las brechas de desigualdad social y económica que existen en México. Es por ello que, durante años, hemos trabajado para defender el derecho a aprender de quienes son más afectados por esta exclusión. Nuestro camino ha sido claro: desde una exigencia informada, dialogada y urgente por una mejor política pública en materia educativa.

En el libro “Brechas”, publicado por Mexicanos Primero en 2010, se lee que “la situación normal deseable es que todos los niños -sin importar su género, su origen étnico, su localidad, su condición económica o de salud, etcétera- accedan oportunamente a la educación…, desplieguen una trayectoria continua por los grados escolares, egresen oportunamente y logren los aprendizajes previstos, aprendizajes que se expresan como competencias para la vida”. Lograr esto después de la pandemia y luego de los recortes al presupuesto federal en materia educativa para el año 2021, será un desafío doble.

Aunque MEJOREDU señala que el grado de escolaridad ha aumentado 0.6 años durante el periodo 2012-2018, de acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el efecto de un cierre de escuelas moderado -es decir de cinco meses de duración- es precisamente un retroceso de 0.6 años de escolaridad, en promedio. Es decir, en los cinco meses de clases que ya se perdieron en el año escolar anterior y en el actual, la pandemia se llevará los avances de todo un sexenio.

Mientras México extiende este cierre de sus escuelas indefinidamente, muchos países en el mundo reanudan su marcha. Antes de la pandemia, los estudiantes de las escuelas más exclusivas de México no lograban superar el logro de los estudiantes de las escuelas más pobres de Hong Kong o Singapur, de acuerdo con PISA 2018. Si no se actúa con una visión de futuro, es esperable que la brecha de aprendizaje entre México y los demás países se expanda aún más.

El reporte también destaca la disminución de la población en edad escolar, que entre 2013 y 2018 se redujo en términos absolutos y relativos. Es más, de 2019 a 2024 la población en edad escolar decrecerá a un ritmo de 0.4 por ciento anual, y entre 2025 y 2030 la disminución anual será de 0.6 ciento. Así, a partir del año que comenzamos a despedir, cada vez habrá menos estudiantes en las escuelas del País. Esto poco a poco obligará a ir reconfigurando los sistemas educativos estatales. Y a proteger el financiamiento educativo de recortes que se justifiquen ante una menor cantidad de alumnos en las aulas.

Cuando desde Mexicanos Primero Sinaloa analizamos las implicaciones de una nueva ley en materia educativa; de las asignaciones presupuestales para el sector educativo, o el manejo que las autoridades educativas hacen bajo el contexto de la pandemia, lo hacemos siempre mirando de frente y dando un rol protagónico a las brechas internas y externas que existen en nuestro país. Creemos firmemente que la única vía a un Sinaloa más próspero, pacífico, sustentable y justo es un Sinaloa más y mejor educado. Y eso nunca será posible sin superar las grandes exclusiones que determinan las oportunidades de vida de las niñas, los niños y jóvenes en el estado.