Opinión
En México, en Sinaloa y en todos los países del mundo, está ocurriendo una crisis compleja y silenciosa que puede marcar para siempre las oportunidades de aprendizaje y desarrollo integral de toda una generación de niñas, niños y jóvenes. Por esto, el acto de conmemoración del día internacional de la educación, organizado por UNESCO ylas Naciones Unidas el pasado lunes 25 de enero, tuvo comotema central la importancia del financiamiento público para la recuperación de las consecuencias negativas del impacto de la pandemia de COVID-19 en los sistemas educativos.
Como hemos expuesto con anterioridad, debido al extenso cierre escolar que vivimos, se están dando importantes retrocesos en el aprendizaje académico y en el bienestar socioemocional de niñas, niños y jóvenes. Y aunque esta realidad pase inadvertida a raíz de la cancelación -sin plan B- de los mecanismos nacionales de evaluación del aprendizaje (pruebas PLANEA) y se le esconda mediante la publicación de resultados de encuestas de satisfacción de familias, docentes y estudiantes, esta problemática es real y sus efectos se sentirán tarde o temprano.
Como todo en la vida, cuando se trata de resolver problemas públicos, no hay peor cosa que cerrar los ojos y desear que todo se arregle por obra del azar. Como ya se ha dicho en colaboraciones previas, tanto en el presupuesto federal como en el presupuesto estatal aprobado para el 2021 no se destinó un solo peso para para mitigar los efectos negativos sobre el derecho a aprender de NNJ provocados por la pandemia. Y peor aún, lo que sí hemos visto es la desaparición de programas estratégicos para la equidad e inclusión educativa como Escuelas de Tiempo Completo, o la reducción presupuestal de los recursos para la formación continua docente.
¿Hay países invirtiendo ya en la recuperación de los efectos de la pandemia en el aprendizaje de sus estudiantes? Por supuesto, en su mayoría son países “desarrollados”. Sin embargo, países de renta media o baja no lo están haciendo. ¿Es un asunto de disponibilidad de recursos? Quizás. Pero ciertamente, también debería ser un tema de decisiones y de prioridades.
¿Está en la prioridad de los líderes políticos y educativos en el país el futuro de la generación actual? Complejo decir que sí, mientras a nivel federal se decide eliminar programas orientados a una mayor inclusión. Difícil creer que así sea cuando en el Congreso del Estado se pide cuentas al ejecutivo por un presupuesto del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del que realmente sólo alcanzó a llegar menos de la mitad de lo presupuestado a la entidad. Mientras todo esto ocurre, se diluyen mes con mes las oportunidades de toda una generación.
Durante este 2021, hacer de la educación una prioridad para Sinaloa implicará más que eslóganes, compromisos firmados en campaña y fotografías en redes sociales. Implicará contar con mecanismos adecuados para valorar la magnitud de las afectaciones de esta crisis en el aprendizaje y bienestar de cientos de miles de estudiantes. Implicará movilizar a toda una estructura humana, profesional, sindical y burocrática como el aparto de educación pública en el estado alrededor de una sola prioridad: los estudiantes. Y finalmente, requerirá de acciones legislativas y ejecutivas para gestionar un financiamiento educativo suficiente, eficaz, eficiente y transparente que realmente demuestre que la educación es prioridad.
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Ángel Leyva