No será fácil resolver la deplorable situación en la que se encuentra la infraestructura escolar en México. Es un asunto que representa varios problemas a la vez. Tal como las cabezas de la Hidra que se duplican cada vez que una de ellas le era amputada, en el análisis de las causas de la crisis de infraestructura escolar al prestar atención a un factor, surgen dos igual o más de importantes que contribuyen al triste estado actual.

Se trata de una crisis que refleja las grandes desigualdades socioeconómicas que padece el país. De un problema íntimamente conectado con la incapacidad de producir acuerdos y estrategias de progreso social que sobrevivan a cada sexenio. También está el lamentable mal endémico de invertir poco o nada en la construcción de nuevos planteles y el mantenimiento de los existentes. Y por último, está el anquilosado asunto de la corrupción, los problemas de gestión y la ineficacia en el uso del recurso público.

A diferencia del relato mitológico, este asunto no será resuelto mediante la heroica actuación de un Hércules. En este caso, la solución sólo vendrá de una transformación radical en la capacidad de planificación y gestión del gobierno federal y estatal. De no existir una mejora sostenida en la capacidad de reconocer la complejidad de este desafío y hacerle frente mediante la acción pública será imposible cumplir las promesas de mayor justicia y dignidad social para México.

Durante los últimos tres años, Sinaloa ha padecido de manera muy concreta la precariedad de su infraestructura escolar. En pandemia, sólo un 41.9% de los encuestados en el sondeo #EnseñoEnCasa (2020) realizado por Mexicanos Primero Sinaloa consideró que las condiciones de infraestructura de la escuela permitirían un regreso seguro a las clases presenciales. Tras años sin mantenimiento ni uso, expuestos a robos y saqueos, los edificios escolares en Sinaloa se deterioraron. Cuando la pandemia cedió, no todas las escuelas pudieron reabrir de inmediato.

En días más recientes, protestas de familias y comunidades escolares revivieron este problema en la discusión pública. Mientras la autoridad educativa a nivel federal y local enfocaba sus esfuerzos en avanzar el polémico proceso de implementación de un nuevo marco curricular para educación básica, el calor extremo dejó en evidencia la insuficiencia de las escuelas para enfrentar condiciones climáticas cada vez más duras. La respuesta improvisada vino por parte del gobernador Rubén Rocha, invitando a escuelas a un cierre anticipado del ciclo escolar que -según información de la secretaria Domínguez- al parecer ninguna escuela tomó.

Enfrentar a la Hidra

Volvamos a la Hidra. Abordar integralmente este problema requiere mirar más allá de la SEPyC. Desde el 2008 existen en México y Sinaloa entidades con un mandato enfocado absolutamente en el monitoreo y respuesta de la infraestructura educativa: el ISIFE (Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa) y el INIFED (Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa). Ambos sobrevivieron un anuncio de desaparición realizado al inicio del sexenio del presidente López Obrador y están llamados a ser parte de la elaboración de un plan de diagnóstico y respuesta integral a esta problemática.

Según datos del extinto INEE, al 2018 existían en México doce diferentes fuentes de financiamiento para el mejoramiento de la infraestructura escolar. La ausencia de una agenda transexenal, con objetivos compartidos independiente del color político del gobierno de turno, ha balcanizado la lucha por generar condiciones dignas en los planteles escolares.

Entre estos programas, vale la pena detenerse en Escuelas Al Cien. Un esfuerzo impulsado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto que adelantó recursos educativos a través de una combinación de fondos públicos (con cargo al Ramo 33, específicamente al Fondo de Aportaciones Múltiples) y recursos apalancados en la Bolsa Mexicana de Valores. Sinaloa participó de este programa. Al 2018, el ex-gobernador Quirino Ordaz Coppel destacaba que la entidad estaba en el “Top Ten” de entidades por el buen uso de los recursos^[1].

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las entidades federativas que accedieron a estos fondos, comprometieron ingresos de generaciones futuras hasta por 25 años. En el estado de Sinaloa, la secretaria Graciela Domínguez ha comentado que esta deuda se extendería hasta el 2036^[2]. Según Hugo Ruelas, director del ISIFE, el 50% de los 503 millones de pesos asignados en el FAM a Sinaloa se descontarían por efecto de esta deuda^[3]. 

En su última comparecencia, el ex-secretario de Educación Pública y Cultura Juan Alfonso Mejía López catalogó de histórica una inversión de 2,700 millones de pesos en materia de infraestructura escolar durante los casi cinco años de gestión del ex-gobernador Quirino Ordaz. Mediante un promedio simple, se trata de aproximadamente 540 millones de pesos de inversión por año. Queda pendiente la respuesta de por qué la deuda de Escuelas al Cien recién comenzó a afectar al presupuesto con la llegada de una nueva administración.

Matar a la Hidra

Abordar todos los factores importantes para resolver definitivamente este problema no es tarea sencilla. A los antecedentes ya expuestos se debe sumar que los datos respecto a las condiciones de infraestructura de las escuelas son escasos. México no cuenta con ellos desde el 2013, año en que se realizó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE). Romper la ceguera de información respecto a este problema es un paso fundamental.

Abordar la grave crisis de la infraestructura escolar en México y Sinaloa también requiere aumentar significativamente las capacidades de gestión pública. Por una parte, se debe lograr generar condiciones más favorables de financiamiento. Esto implica optimizar la capacidad de bajar fondos desde la federación y también de asignar recursos locales. ¿Si en el pasado se logró hacerlo, qué se lo impide a los funcionarios de la administración actual?

Finalmente, otro aspecto clave es velar por la la flexibilización de los criterios de construcción de la infraestructura escolar para asegurar que respondan con dinamismo y resiliencia a las características geográficas y climáticas de Sinaloa. Esto implica levantar una agenda de reforma en la que los lineamientos más importantes sobre la arquitectura escolar se puedan determinar en las entidades. Incluyendo los siempre necesarios mecanismos de control del gasto y transparencia que eviten que la corrupción empañe los esfuerzos de dar una solución ajustada al contexto.

Estas líneas de acción conforman una agenda inicial para resolver una crisis profunda y compleja. Tal como se ha señalado con anterioridad, sus causas no se encuentran de manera exclusiva en el presente. Pero su solución sí. El derecho a aprender ya no aguanta más una respuesta blanda, reactiva e insuficiente. Es momento de que como sociedad se exija una gestión a la altura de la importancia que tiene la educación para el presente y el futuro del estado. El desastre de la infraestructura escolar no puede continuar.

^[1] (https://www.reporteindigo.com/reporte/sinaloa-en-top-ten-del-programa-escuelas-al-cien/)

^[2]https://www.noroeste.com.mx/culiacan/sinaloa-debe-pagar-deuda-que-dejo-epn-afecta-recursos-para-infraestructura-educativa-EE4116688

^[3]https://losnoticieristas.com/post/348984/deuda-de-escuelas-al-cien-limita-al-isife-les-quitan-el-50-por-ciento-del-recurso/