La pandemia evidenció que nada puede sustituir a la escuela como espacio fundamental para que los estudiantes interactúen, convivan y aprendan en compañía de sus maestros y compañeros. Sin embargo, para que esto suceda requieren condiciones de infraestructura dignas que garanticen su seguridad y bienestar. Aunque este tema ha sido abordado e impulsado por el gobierno del estado, la desarticulación entre los funcionarios, las discrepancias en la información y la ausencia de una estrategia clara muestran que este asunto aún está lejos de resolverse.

En seguimiento a este problema, Mexicanos Primero Sinaloa identificó que, de los 2,700 centros de trabajo con necesidades de infraestructura señalados por la autoridad educativa, 2,593 eran escuelas de educación inicial, primaria y secundaria. El nuevo diagnóstico de espacios educativos obtenido en octubre señala que, de los 3,988 inmuebles de educación básica en Sinaloa, 2,261 reporta que requieren ser rehabilitados.

Para atender las necesidades de infraestructura la Secretaría de Educación Púbica y Cultura (SEPyC) ya había informado en el mes de abril que implementaría un plan de inversión. Este, planteaba beneficiar a 377 escuelas con un monto de 39 millones 356 mil 390 pesos. Posteriormente, se anunciaron asignaciones extraordinarias para la atención eléctrica de otras escuelas no consideradas en este plan inicial, sin embargo, hubo desarticulación y falta de comunicación entre los funcionarios de SEPyC y el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE). Esto se manifestó en los distintos cambios de información, ya que se visualizaba la atención de 117 planteles en julio, 156 en septiembre y 190 en octubre. Todo esto con una inversión de 130 millones de pesos.

Aunque se sumaran los recursos del plan de inversión y los destinados a atender las instalaciones eléctricas no abarcaría el total de presupuesto al ISIFE. Este organismo tiene contemplados 492 millones de pesos para su funcionamiento y casi 224 millones corresponden para infraestructura física de educación básica. En ese sentido, se requiere que la autoridad informe lo que sucede con los recursos destinados a mejorar las condiciones de las escuelas. Aumentar los montos y garantizar que lo presupuestado sea debidamente ejercido es una de las principales exigencias de deben hacerse como sociedad.

Para mejorar la infraestructura escolar se requiere transparencia y articulación. Además de los esfuerzos estatales, también existen programas federales que atienden las condiciones materiales de los planteles. Sin embargo, aunque Sinaloa participó con recursos propios para fortalecer el funcionamiento del Programa La Escuela es Nuestra (LEEN), tanto la SEPyC como la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) desconocen o no quisieron proporcionar el padrón de escuelas que serán atendidas por este programa.  

Ya ha pasado casi un año desde que la nueva administración tomó las riendas del gobierno estatal, sin embargo, seguimos sin una estrategia clara, integral y coordinada para atender la infraestructura educativa. Se requiere un diagnóstico confiable, oportuno, pertinente y con visión de futuro que proyecte cómo resolver este complejo problema en los próximos años.  De no hacerlo seguiremos fallándole a las familias, docentes y estudiantes en garantizarles mejores condiciones para que sus escuelas se conviertan en verdaderas comunidades de aprendizaje.