La semana pasada se publicó el primer informe de gobierno del gobernador Rocha Moya. Este documento contiene los avances logrados entre noviembre de 2021 a octubre de 2022 en el Plan Estatal de Desarrollo. En ese sentido, se requiere una mirada objetiva para conocer si las acciones implementadas en el apartado de innovación educativa e inclusión con justicia social impulsaron el derecho a aprender.  

Es importante destacar que este año de gobierno se caracterizó en gran medida por los esfuerzos de regresar a la presencialidad después del prolongado cierre de escuelas propiciado por la contingencia sanitaria. En el informe se enfatiza que la educación es un derecho y no un privilegio, la cual debe ser incluyente, humanista, equitativa, pertinente y de excelencia. Además, inspirados en el gobierno federal, el principio rector tiene su fundamento en “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”. No obstante, hay diversas incongruencias y omisiones entre el discurso descrito en esta narrativa y los hechos que marcaron el transcurso del año.

En el apartado de inclusión educativa se plantea como un logro el enorme presupuesto destinado a atender la educación, sin embargo, se omite señalar que el presupuesto en Sinaloa para el año 2022 sufrió recortes importantes en rubros estratégicos para la atención de las poblaciones que enfrentan mayores condiciones de marginación y vulnerabilidad. Esto, debido a los graves recortes por parte del gobierno federal.

Por ejemplo, en el informe se habla de aumentos al presupuesto del Programa de Atención a la Niñez Migrante, pero no se dice que estos incrementos fueron nominales, ya que en términos reales (agregando la inflación) hubo una disminución de 0.9% a este programa. Tampoco se señala el castigo que recibieron las escuelas formadoras de docentes ni los aún mínimos recursos (76 pesos por maestro) destinados al Programa de Desarrollo Profesional Docente. Además, no hay mención del recorte que recibió ISIFE para la atención de las condiciones materiales de las escuelas y se olvidan de la disminución en los recursos para el Programa de Expansión de la Educación Inicial, al SIPINNA y los Centros de Atención Infantil.

Otro logro indicado en el informe de gobierno es la atención de las condiciones de infraestructura mediante el programa La Escuela es Nuestra (LEEN). En este apartado se muestra que hay un padrón de 230 planteles que reúnen los requisitos para ser atendidos. Lo que no se dice es que LEEN atiende temporalmente a los planteles y, además, ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como un programa con limitada transparencia y rendición de cuentas. Tampoco se menciona que el extinto Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) llegó a atender a muchos más centros escolares (1,036), brindándoles jornada ampliada y servicios de alimentación, lo que mejoró sustancialmente las condiciones de asistencia y aprendizaje de los estudiantes en el estado.

Centrarse en las condiciones de infraestructura pareciera que fue un aspecto estratégico del primer año de gobierno. Se menciona que al mes de octubre se estima una intervención en 869 planteles de todos los niveles educativos. Sin embargo, se omite decir que no ha existido una estrategia de comunicación y vinculación efectiva entre las dependencias encargadas. Además, no se cuenta con un padrón público para conocer el avance de esas obras y que a lo largo del año se tuvieron numerosas incongruencias en la información. Desde el diagnóstico inicial, el plan de inversión y las escuelas adicionales que se fueron agregando a la lista pareciera que no existió una estrategia integral de inversión y con visión a futuro para resolver el problema.

Finalmente, se plantea como un logro de relevancia estratégica la preparación e implementación del nuevo marco curricular y los planes de estudio para la transformación de las nuevas generaciones de alumnos. Esta medida es una pequeña muestra de la ausencia de prioridades que no respondían a las necesidades urgentes del sistema educativo. Esto, debido a que se carecía de una estrategia integral para diagnosticar el abandono, el aprendizaje y el aspecto socioemocional de los estudiantes; mecanismos efectivos de acompañamiento docente y sistemas de información para la toma de decisiones.

Estos son sólo algunos de los elementos importantes que no se dicen en el primer informe de gobierno y que deben ponerse sobre la mesa. La falta de estrategia y priorización, así como la limitada comunicación y vinculación por parte de las autoridades afectó el funcionamiento del sistema educativo. La falta de protagonismo de la educación fue claro en el acto de presentación pública del gobernador ya que en ningún momento se mencionó a los estudiantes, maestros, escuelas o el aprendizaje. De cara al año 2023 es momento de ampliar los espacios de participación para que cada vez más personas se sumen al diálogo y la deliberación pública para que entre todos seamos capaces de detonar el cambio que urgentemente necesitamos.