Opinión
Con el inicio de la gestión de la secretaria Graciela Domínguez Nava en la SEPyC, se hace necesario debatir respecto a cuáles debieran ser los temas centrales a priorizar durante el nuevo sexenio.
En primer lugar, la máxima prioridad debe seguir siendo gestionar de manera correcta el gran desafío que supone responder a la gran crisis que el campo educativo vive, debido a la prolongada suspensión de clases presenciales por la pandemia.
Al igual que las etapas anteriores del confinamiento, que estuvieron fuertemente marcadas por la cuestión sanitaria y no sólo por lo educativo, se deberá seguir trabajando para mejorar el funcionamiento de los protocolos preventivos y avanzando en la garantía de recursos e insumos necesarios para el funcionamiento presencial de las escuelas con una pandemia que aún no ofrece una fecha de término clara.
Este último punto, reviste de especial importancia la tarea de diagnosticar las condiciones de infraestructura de todas las escuelas en el estado. Y de canalizar adecuadamente los recursos del programa La Escuela es Nuestra, permitiendo que su primera prioridad sea asegurar mejores condiciones en todos los planteles educativos en Sinaloa.
En medio de todas estas preocupaciones, también debe seguir siendo central la gestión de la salud física y el bienestar emocional sobre todo de docentes y estudiantes. Desde la necesaria inmunización contra el COVID-19, que en otros países ya comienza a ser una realidad desde los cinco años de edad, hasta la atención a los casos graves de padecimientos de salud mental.
En lo educativo, las comunidades escolares deben contar con información respecto al aprendizaje de los estudiantes que oriente las decisiones pedagógicas de maestras y maestros. Pero por, sobre todo, se deben crear mecanismos de acompañamiento y apoyo -no de control- para docentes y directivos. Lo cual no debe implicar el aumento de cargas administrativas y burocráticas, sino lo contrario. Cada minuto en las escuelas debe estar centrado absolutamente en el aula, en el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.
Como ya se ha señalado previamente, las afectaciones de la educación a distancia serán notorias, especialmente, en niñas y niños que han vivido el periodo de confinamiento en las condiciones de mayor marginación: quienes viven en zonas rurales, de pobreza extrema, hablantes de lenguas indígenas, personas con discapacidad. Por ende, la política educativa local deberá priorizar fuertemente la inversión para compensar los efectos negativos de los cierres de escuelas, que no hacen sino agravar trayectorias educativas que ya alejaban a los estudiantes de un ejercicio pleno de su derecho a aprender.
Finalmente, todo esto, deberá hacerse con mirada de futuro. A menos de 10 años del límite para el cumplimiento de las metas de la agenda de desarrollo sostenible, será clave preponderante la primera infancia como la mejor inversión para el bienestar social y la prosperidad económica de Sinaloa. Respondiendo a las transformaciones globales que hablan de lo socioemocional y lo digital como elementos constitutivos –ya no meros añadidos- de una educación integral.
Una compleja agenda que deberá saber encontrar en el trabajo con base en evidencia, en la colaboración con la sociedad civil y en la flexibilidad y la capacidad para innovar, las llaves para resolver muchos de los retos propios de una educación en crisis.