Durante su conferencia matutina del lunes 4 de enero, el presidente López Obrador dijo sospechar de los consensos. A su juicio, la unanimidad en procesos de aprobación de presupuesto ha dado lugar a la corrupción, a las “mochadas” que hoy su proyecto político personal busca combatir. Sin embargo, los consensos también han generado algunos de los avances más significativos en la historia de la humanidad. Gracias al consenso de que todos los hombres son iguales, se logró abolir la esclavitud y se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias al consenso de que mujeres y hombres son ciudadanos en igualdad de derechos, las mujeres comenzaron su participación en procesos eleccionarios, como votantes y luego como candidatas. Gracias al consenso de que la educación es un derecho, durante las últimas décadas, hemos asistido al más impresionante progreso en las tasas de acceso a la escuela de las que se tenga registro en el mundo.

El valor de los consensos durante este 2021 será de gran importancia. El año que inicia sigue determinado por la pandemia de COVID-19, ahora en una nueva etapa de vacunas disponibles que, con un lento proceso de aplicación, aún no permiten dejar atrás la extendida y agotadora estrategia de distanciamiento social. Y en Sinaloa, el 2021 también trae consigo la agitación propia de un proceso eleccionario en el que se concursarán 230 puestos de elección popular durante el próximo 6 de junio. Con todo este contexto, un consenso que no se puede abandonar es que la educación de las niñas, los niños y los jóvenes en Sinaloa, debe ser una prioridad. Pero ¿qué significa priorizar el derecho a aprender en el contexto específico de este 2021? Al respecto, comparto tres ideas claves.

Primero, aún sigue pendiente establecer con rigor y precisión de qué magnitud es la brecha de aprendizajes generada (o más bien, ampliada) producto de los cierres de escuelas. En otros espacios, citando referencias de estudios realizados por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) hemos sostenido que, durante los meses de cierres de escuelas transcurridos hasta el momento, el aprendizaje en México retrocederá al punto al que estaba el 2011. Esta estimación, requiere un contrapeso a partir de la evidencia sobre el estado en que se encuentran los aprendizajes de todos los estudiantes. Mientras algunas familias tuvieron los medios para apoyar el bienestar y el aprendizaje de niñas y niños en sus hogares, muchas otras no tuvieron esa posibilidad. Por lo mismo, este año debe iniciar un proceso de diagnóstico, valoración que permita al sistema dar a cada estudiante una oportunidad educativa empática con sus circunstancias personales, familiares, y en línea con su nivel de aprendizaje. Y por supuesto, cualquier proceso que proyecte la recuperación del aprendizaje perdido, ha de contemplar la necesidad de regresar a la educación presencial lo antes posible.

Segundo, de acuerdo con el Pacto por la Primera Infancia, durante esta pandemia, muchos de los derechos de las niñas y niños entre cero y tres años, han sido vulnerados. La ciencia del desarrollo físico, mental y emocional humano ha señalado con fuerza la importancia que los cuidados y las atenciones integrales tienen para que quienes hoy inician su trayectoria vital. Asegurar un buen comienzo para la infancia en Sinaloa es un esfuerzo que durante el 2020 inició con la implementación piloto en el estado de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI). Sostener el compromiso de los organismos involucrados en este proceso, tales como la SEPYC, el SIPINNA, así como de las distintas dependencias del sector salud, será clave para materializar las metas y objetivos de una política pública ejemplar en su diseño. El gran desafío para todos los involucrados, seguirá siendo avanzar sin una institución ni una estructura de gobernanza y financiamiento creadas específicamente para esos fines, y en el marco de distanciamiento social generado por la pandemia.

Tercero, considerando el ajustado presupuesto aprobado para Sinaloa en materia educativa, se va a requerir una gestión financiera efectiva, transparente y también muy audaz para generar los resultados educativos deseados y al mismo tiempo, permitir avances en la lucha contra la corrupción y el mal uso de recursos públicos. Gastar no es lo mismo que invertir. Para invertir, es clave poder medir la eficiencia de los recursos utilizados. La rendición de cuentas no sólo debiera girar en torno a la observación de reglas de operación, lineamientos y legislación actualmente vigentes, sino en torno a cómo el presupuesto permite -o dificulta- avanzar en el cumplimiento de objetivos y metas educativas.

A una década del 2030, fecha señalada durante el 2015 como el plazo para alcanzar el conjunto de Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), generados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la construcción de la educación que soñamos para el futuro de Sinaloa no puede seguir siendo aplazada. También debiera ser esta, una conversación fundamental para el año 2021 y un espacio en el que consensos amplios entre partidos políticos, sectores sociales y empresariales, permitan avanzar hacia un estado capaz de construir su desarrollo y prosperidad mediante una educación que garantice el derecho a aprender de todas y todos sus estudiantes