Acaso una de las peores traiciones al derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en México durante los últimos años sea la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo. Éste permitía a millones de estudiantes disfrutar de una jornada escolar más extendida, en la que se recibía una oferta educativa más integral y en la cual también se ofrecía alimentación. Este golpe se asestó en el año 2020, camuflado en el obligatorio cierre de escuelas que generó la pandemia.

No seguir contando con este programa en la actualidad es muy grave. Recientemente, la Comisión para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) publicó resultados de las evaluaciones formativas del ciclo escolar 2022-23 exponiendo serias carencias en aprendizajes académicos en los estudiantes en el país. Aunque estos datos no permiten hacer una comparación con el escenario previo a la pandemia muestran una realidad innegable: los estudiantes en el país necesitan más y mejor escuela, no menos.

Los argumentos a favor de la continuidad de una escuela con jornada extendida son excepcionalmente contundentes. El primero tiene que ver con el criterio de progresividad del derecho a la educación. En términos simples, los niños siempre deben recibir más, nunca menos. Desaparecer la jornada extendida es una clara regresión para los derechos de millones. El segundo, se ubica en la evidencia que indica los efectos sociales y educativos positivos asociados a su funcionamiento. Una disminución en desigualdades de aprendizaje y económicas que ninguno de los programas de la actual administración ha logrado demostrar.

Como organismo que defiende los derechos educativos de la población en el país, Mexicanos Primero desplegó una robusta agenda de activismo contra la desaparición de este programa. Fundamentalmente, se trabajó en la incidencia en el ámbito legislativo, en donde debía corregirse la desaparición de la clave del programa del proyecto de presupuestos de la federación. El efecto de esta incidencia, amplia y compartida con múltiples actores sociales, fue que se improvisó un esquema para asignar recursos a un nuevo programa de reparaciones a la infraestructura escolar.

Así, La Escuela es Nuestra (LEEN) tuvo que asumir la responsabilidad de mantener los objetivos y el financiamiento de ETC. Por supuesto, esta improvisación adoleció severos defectos en su aspecto administrativo y operativo. A la fecha, se sigue sin poder solventar el vacío creado por la desaparición de la clave presupuestal y las reglas de operación del programa de escuelas de tiempo completo.

En Sinaloa esta decisión del gobierno federal afectó a más de mil comunidades educativas, que beneficiaban a miles de docentes, familias y estudiantes. Hoy, ninguna de esas comunidades continúa recibiendo los efectos positivos de dicho programa en el bienestar físico y en el aprendizaje académico. En tanto, estados como Michoacán, Baja California, Querétaro, Nuevo León y también la Ciudad de México, anunciaron iniciativas locales para seguir ofreciendo los servicios de jornada extendida.

Según datos entregados por el gobernador Rubén Rocha, son más de mil ochocientas las escuelas que cuentan con el recurso de LEEN. Este programa permite a dichas comunidades recibir un apoyo modesto para atender a problemas menores de albañilería. Pero por sus reglas de operación, no puede beneficiar a las escuelas de manera permanente. Y por sus montos, resulta insuficiente para resolver necesidades más grandes, tales como la conexión a internet, la construcción de baños, remodelaciones de elementos como techos o la adquisición de aires acondicionados.

Sólo el tiempo permitirá juzgar a cabalidad el costo social y económico de ignorar la gran crisis educativa generada a raíz de la pandemia y de eliminar una de las principales fuentes de recuperación frente a dicho problema.