Opinión
Uno de los atributos más valiosos de la democracia es que ofrece un campo siempre disponible para la disputa de ideas. Durante los últimos años, la idea dominante ha sido que, para acabar con la pobreza y la injusticia, es necesario acabar con la corrupción. Pero hoy, tras una pandemia que se decidió combatir a través del cierre de las escuelas y el cese de la educación presencial, se confirma que el camino hacia una sociedad más justa debe partir por evitar la catástrofe educativa que hoy amenaza a toda una generación.
Lo hemos dicho con anterioridad: el regreso a las aulas será apenas el primer paso de un camino que será largo. Esta semana, en el llamado más enérgico que se haya visto, el gobierno federal ha empujado una vuelta a clases que depende en gran medida, de condiciones materiales y capacidades humanas y profesionales muy distintas entre escuelas. Nuestro análisis crítico de los lineamientos, recomendaciones y protocolos dice que con buenas intenciones no bastará. Y que hace falta una mirada más realista y pragmática para generar las capacidades necesarias para resolver el desafío.
Los próximos años, ofrecerán una oportunidad inmejorable para que las entidades federativas hagan suya la parte de responsabilidad que les asiste en un verdadero marco de federalismo. La rectoría de la educación no puede ser reducida a esperar la instrucción desde Ciudad de México. Los más de mil doscientos kilómetros que separan a la capital del país de la capital de Sinaloa simbolizan de manera clara la gran distancia que hay entre quienes toman las decisiones desde la SEP federal y las escuelas en nuestro estado.
En una nueva era de decisiones locales, Sinaloa tendrá que saber aprovechar las oportunidades de resolver de forma autónoma e innovadora los retos que la pandemia ha generado en lo educativo. Hoy se tiene un antecedente interesante en la estrategia de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, que inmune a los vaivenes del semáforo epidemiológico, hoy ofrece a miles de niñas y niños en Sinaloa una oportunidad real de luchar contra el abandono escolar del que de otra manera hubieran sido víctimas.
No dejar que los estudiantes abandonen la escuela es lo mínimo. Todavía, están pendientes las tareas de evitar que los niveles de aprendizaje retrocedan a los niveles de quince años atrás; de impedir que las oportunidades de desarrollo personal, profesional y económico de toda una generación no se vean dañadas; de mitigar las carencias emocionales que enfrentan los estudiantes debido al aislamiento y de lograr que el futuro de Sinaloa realmente permita a las familias soñar con una vida mejor.
Restituir el derecho a aprender durante el siguiente sexenio requerirá de un liderazgo capaz de priorizar los desafíos y buscar contar con los recursos económicos y humanos adecuados para navegar con éxito la crisis más compleja que el sistema educativo jamás enfrentó. Implicará decidir con base en evidencia de calidad y no de espaldas a ella. Trabajar desde la colaboración entre distintos actores sociales y no de manera cerrada y corporativista. Y sobre todo, no dejar de priorizar a quienes el día de mañana sí votarán, como lo son las niñas y niños en su primera infancia.
La ciudadanía que participa de los procesos eleccionarios ha hablado claro. Sinaloa será gobernado ampliamente por un solo color político, tanto a nivel estatal como en la mayoría de los municipios y en la próxima legislatura del congreso local. A todos los candidatos ganadores, nuestra felicitación por el logro. Los invitamos a prepararse desde ya para hacer frente al desafío más importante de sus trayectorias políticas: impedir una catástrofe generacional y educativa.
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Ángel Leyva