La SEP ya manifestó su voluntad de apelar al fallo de la justicia federal que la obliga a restituir el programa de Escuelas de Tiempo Completo. Lo hizo con la premura que le ha faltado para atender a la gran crisis causada por la pandemia. En su argumentación se trasluce la identidad que la dependencia ha demostrado, independiente del funcionario titular de turno: voluntad sobre razón, retorica sobre realidad. En la tarjeta informativa, publicada el 12 de septiembre, la SEP continúa justificando su forma de hacer política educativa desde argumentos incompletos, sin importar la forma en la que sus acciones lesionen el derecho a aprender.

A veces, de tanta inmediatez, se pierde de vista lo fundamental, el origen de las cosas. ¿Qué nos trajo hasta este punto? Al iniciar el sexenio, esta administración atacó gran parte del entramado de políticas e instituciones educativas que, desde su óptica, pareciera en exceso neoliberal o fuente de corrupción. Algunos como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) desaparecieron. Otros como el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) lograron subsistir. Mientras el INEE fue reemplazado por un organismo sin autonomía y con menos presupuesto como la MEJOREDU, las funciones del INIFED fueron reemplazadas por La Escuela Es Nuestra (LEEN), programa que buscaba transferir a las familias los recursos y la responsabilidad de la atender a la infraestructura escolar.

En su origen, LEEN no tiene ninguna relación con el desaparecido programa de Escuelas de Tiempo Completo. La vinculación entre ambos solo se produce cuando la sociedad civil reacciona exigiendo a las autoridades la continuidad de las prestaciones de alimentación y jornada extendida. Sin una razón evidente, esto se hizo a través de LEEN. Pero de ninguna manera representa una continuidad total, completa, del programa que Mexicanos Primero, amparado por el poder judicial, busca restituir.

Mezclar estos dos programas es un error. La razón más relevante es que la entrega directa de una sola bolsa de recursos a las familias las pone en un predicamento, pues las obliga a tomar la decisión de optar por la jornada extendida y la alimentación o por atender temas de infraestructura. Esto no debería ser así. Una cosa no debiera implicar renunciar a la otra. La garantía de derechos sociales, como el derecho a aprender, debiera siempre ser progresiva, nunca regresiva. Avanzar en la dirección contraria es un despojo.

A esto se suman problemas con la transparencia y la rendición de cuentas de LEEN. Ya en su primer año de funcionamiento, fue difícil determinar si uno de cada dos esos recursos entregados habían sido utilizados de manera adecuada. Si en el origen de LEEN estaba la voluntad de desaparecer la corrupción, la realidad muestra que el anhelo de poner fin al mal uso de recursos públicos está lejos de haberse alcanzado. Al 2023, se proyecta una gran inyección de recursos para LEEN, aumentando en más de cuatro veces la cantidad de planteles beneficiados. Si con pocos planteles fue difícil asegurar la transparencia y honestidad en el uso de recursos, ¿qué ocurrirá con este número más alto de beneficiarios?

La alternativa más conveniente para el derecho a aprender es mantener programas para atender a temas de infraestructura y a la extensión de la jornada escolar en una sana y funcional separación. Meter estas dos preocupaciones en un solo paquete da como resultado una incongruencia de políticas. Es por ende, un obstáculo. Y no es el único.  Otros asuntos problemáticos tales como la forma en la que SEP y la MEJOREDU dejaron la responsabilidad y el costo de diagnosticar aprendizajes por entero a las escuelas; al apresuramiento con el que se quiere implementar una reforma curricular y la gran crisis de la infraestructura de planteles escolares también levantan barreras enormes para mejorar la educación en Sinaloa. ¿Cuánto más aguantarán las familias un sistema educativo en estas condiciones?