De los más de 58 mil millones de pesos que el gobierno de Sinaloa planea gastar el 2022, 28 mil millones se destinarán a gasto educativo. Sin embargo, debido al impacto de la inflación (nuestro análisis toma como referencia una inflación de 6.40 que era lo acumulado al mes de octubre), el sector educativo en el estado tendrá un déficit real de al menos 306 millones de pesos (-1.15%) si se compara con el gasto aprobado para el año 2021. De no ser revertido en el congreso local, este decremento en la inversión educativa hará mucho más difícil la recuperación de los efectos negativos producidos por la pandemia.

Nuestro análisis inicia con la educación básica, en donde los montos asignados permiten mantener el nivel de gasto estable, aun considerando la inflación. Sin embargo, en el caso de los “Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad” o “Servicios Descentralizados de Educación Media Superior de Calidad” enfrentarán una disminución en términos reales de 141 millones (-1.81%) y 175 millones (-9.39%) respectivamente.

Por otra parte, en primera infancia, rubro en que se invertirá 957 millones de pesos, el aumento en términos reales es de alrededor de 10 millones de pesos (1.07%). Pero este aumento se explica únicamente por el aumento en la bolsa de educación preescolar, que recibirá en términos reales casi 27 millones de pesos (5.73%) más en el 2022.

Este incremento en la asignación para educación preescolar es una buena noticia si consideramos que este recurso podría, por ejemplo, ser destinado a cubrir los esfuerzos que se debe hacer en Sinaloa para lograr mayores niveles de inscripción y asistencia sobre todo al primer grado de preescolar.

Sin embargo, la mala noticia surge en el análisis específico, al ver cómo el presupuesto asignado para Primera Infancia no logra evitar importantes retrocesos en términos reales en el financiamiento para instituciones e ítems de gasto claves.

Por ejemplo, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) contará con una reducción real en su presupuesto de 1 millón y medio de pesos (-14.01%) para el próximo año. El Fondo de Expansión a la Educación Inicial caerá en 2 millones 768 mil (-17.72%) y los recursos para los Centros de Atención Infantil (CAI) retrocederán 9 millones y medio (-7.29%).

Pero no cabe duda de que en donde la inflación tendrá duros efectos es en lo que el estado planea gastar tanto para la formación inicial y continua de sus docentes, como para la inversión en infraestructura educativa. Ambos, elementos claves para la recuperación de las consecuencias negativas de la pandemia en la educación.

A punto de entrar al tercer afectado por cierres de escuelas y clases en formato mixto, el gasto en la formación de docentes es 10 millones 786 mil pesos (-3.54%) menor en términos reales que el año anterior. Esto afecta principalmente a las instituciones formadoras de las nuevas generaciones de maestras y maestros, como la Escuela Normal de Sinaloa, Escuela Normal de Especialización de Sinaloa, Normal Experimental de El Fuerte y Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.

Mención aparte merece el presupuesto destinado a la formación continua de los docentes actualmente en ejercicio, en donde el Programa para el Desarrollo Profesional Docente duplica este año lo asignado en 2021. Sin embargo, esto representa sólo 23.6% de lo que se destinó a formación docente en el 2020. De esta manera, los casi 2 millones de pesos que se plantean para 2022 terminan representando la magra suma de $76.39 pesos al año para cada uno de los 27 mil 688 docentes de educación básica en escuelas públicas en Sinaloa.

Y por último, nuestro análisis demuestra que el discurso de priorización del regreso a clases presenciales no encuentra respaldo en el presupuesto destinado a mejora en infraestructura escolar. Primero, no fue posible encontrar en el análisis de la iniciativa de ley, exposición de motivos y cinco tomos ninguna mención a la prometida asignación de recursos estatales al programa La Escuela es Nuestra. Recordemos que este programa además tiene pendiente cumplir con la justicia federal e incluir financiamiento para los objetivos del desaparecido programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Pero lo que sí se pudo acreditar fue un decremento significativo en el presupuesto destinado a atender la Infraestructura Física Educativa de Sinaloa -a cargo del ISIFE- cuyo recurso asignado en términos reales es 96 millones 782 mil pesos más bajo que el año anterior (-18.06%). Esto afecta sobre todo al nivel de educación superior. En educación básica, en cambio, el promedio de recurso para el total de las 4,260 escuelas públicas en dicho nivel alcanza un promedio de 49,478.87 pesos.

Por cierto, en ninguno de los ítems de gasto se menciona que una de las inversiones más postergadas y necesarias para la política y la gestión educativa en el estado, como lo es la de un censo de las condiciones de infraestructura de las escuelas públicas. Y también llama la atención la inclusión de un listado de obra pública para infraestructura educativa por un total de 228 millones en el quinto tomo del proyecto de presupuesto, los cuales no queda claro si forman parte o no del presupuesto para ISIFE.  

Para concluir, si ya en términos nominales el gasto en educación básica y media superior en Sinaloa era 87% inferior al gasto promedio en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al ajustar por el efecto de la inflación surgen aún mayores limitaciones, las cuales amenazan el presente y el futuro de la generación joven. Garantizar el derecho a la educación requiere un presupuesto progresivo que sea justo e inclusivo. Y hoy es responsabilidad de los diputados locales velar por las reasignaciones necesarias para al menos evitar los déficits señalados en esta columna.