En 2021 como parte de las investigaciones que realizamos en Mexicanos Primero Sinaloa, tuve la oportunidad de conversar con algunos directores y docentes de distintos municipios en el estado. Si bien, el propósito de las visitas era conocer las experiencias, retos y dificultades que habían enfrentado las comunidades escolares en el regreso a la presencialidad, una inquietud recurrente era lo relacionado con la desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC).

Algunos docentes y directivos señalaban que su escuela pertenecía al PETC, pero que por motivos de la pandemia se habían suspendido los apoyos temporalmente. Preguntaban si teníamos conocimiento sobre si su escuela sería beneficiada y si podíamos apoyarlos a investigar si recibirían el recurso del Programa La Escuela es Nuestra (PLEEN), ya que hasta ese momento no habían sido informados por la autoridad.

El desconocimiento del tema, incluso por los propios directores puso de manifiesto la falta de comunicación entre las autoridades y las bases, y, además, que es necesario profundizar en un tema de relevancia estratégica para todos. Por tal motivo, quiero plantear algunos de los puntos más importantes que es preciso conocer y las dudas que todavía siguen en el aire.

Lo primero que debemos saber es que el PETC ya no existe, puesto que su clave presupuestal fue eliminada en el año 2021. El PLEEN habría de hacerse cargo de sus objetivos para garantizar servicio de alimentación, jornada escolar ampliada y además brindar apoyos para equipamiento e infraestructura. Todo esto, a través de transferencias directas que por conducto de la federación llegarían a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).

En febrero de 2022 se publicaron las nuevas reglas de operación del PLEEN los cuales señalaban que los recursos se destinarían únicamente a infraestructura. Esto generó que numerosos actores educativos y sociales se sumaran a la exigencia de garantizar los derechos previamente adquiridos de niñas, niños y jóvenes, los cuales fueron violentados por las ocurrencias de la autoridad federal. Lo anterior, logró que el pasado mes de abril se modificaran nuevamente las reglas de operación y se incluyeran la jornada ampliada y el servicio de alimentación, no obstante, los cambios siguen siendo insuficientes para mitigar la situación que enfrentan los estudiantes.

En lo que se refiere a equipamiento e infraestructura, se señala que los CEAP podrán adquirir para el primer caso, equipo escolar, de oficina, primeros auxilios, así como material didáctico, deportivo y artístico. Para el segundo, dependerá del tipo de obra que se quiera realizar. En el caso de las obras menores, podrán estar a cargo de la comunidad o especialistas sin necesidad de supervisión. Para las obras mayores se requerirá de un responsable técnico que garantice la seguridad estructural mediante una carta responsiva, este podrá ser parte de los organismos de infraestructura física educativa de los estados, cámaras de la construcción o personal que cuente con cédula profesional. No obstante, no parecen haber modificaciones en las reglas de operación para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.  Recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el programa no cumplió con elementos de comprobación fiscal, lo que generó observaciones por 573 millones de pesos en el año 2020.

En el caso de la jornada ampliada, se destaca que el programa funcionará en las escuelas de un solo turno para los cuales se les proponen siete líneas de desarrollo del aprendizaje. Los CEAP, a través del tesorero tendrán la responsabilidad de pagar los incentivos económicos al personal directivo docente y de apoyo conforme a lo estipulado a las reglas de operación. Cabe aclarar que esto no será mediante una relación contractual y se realizará, más bien, por medio de un recibo que contenga la fecha, nombre y el concepto del pago.

Sin embargo, en este aspecto quedan varias dudas sin resolver. Si bien se señala que el personal para jornada ampliada debe estar validado en el plantel, tener sólo una plaza y extender su horario al menos dos horas, no existen criterios claros para seleccionar al personal que voluntariamente participará en el programa. Además, no quedan claros los montos específicos que los participantes recibirán como compensación por los servicios otorgados y la forma en que estas transacciones tendrán validez fiscal.

Finalmente, el servicio de alimentación podrá brindarse a los planteles que tengan uno o más turnos, incluso cuando el CEAP haya decidido no ampliar el horario del plantel. La sugerencia es que se destinen 15 pesos por alumno y un apoyo para el coordinador de este servicio de 3800 pesos mensuales.  Uno de los aspectos más graves del diseño del programa es que el servicio de alimentación, así como sus otros beneficios serían de forma temporal ya que no podrán ser atendidas nuevamente aquellas escuelas que recibieron los recursos en ejercicios fiscales anteriores.

Las nuevas reglas de operación del programa están mal diseñadas y violentan los derechos de los estudiantes. La autoridad educativa no alcanza a visibilizar el enorme daño que estarían cometiendo contra el derecho a aprender de las nuevas generaciones si dejan las cosas como están.  Tienen la oportunidad de ajustar y corregir, pero mientras tanto, como muchos otros actores que se han sumado a esta exigencia seguiremos presionando y trabajando para regresarle a la niñez y juventud lo que por derecho les corresponde.