El Huracán Norma golpeó con fuerza en muchas zonas de Sinaloa. En lo que familias y comunidades luchan por restablecer las condiciones mínimas para vivir, el Gobierno del Estado y el Gobierno federal debieran presentar a la brevedad el plan de restitución de elementos críticos de infraestructura pública, entre los cuales están las escuelas. 

Aunque la totalidad de las afectaciones causadas por este evento climático aún están siendo evaluadas, es claro que al momento es posible considerar dos grandes problemáticas por abordar. La primera, extender lo menos posible escenarios de suspensión de clases que empeoren aún más las graves brechas de aprendizaje académico y socioemocional que enfrentan los estudiantes en el estado. La segunda, y factor crítico para responder a la problemática anterior, es la atención al deterioro sufrido por la infraestructura escolar durante este evento climático.

La precaria condición de la infraestructura escolar va más allá del momento actual. Según datos ofrecidos por la autoridad educativa estatal, el 48% de las escuelas públicas del nivel básico en Sinaloa presentaban necesidades de rehabilitación para el ciclo 2021-2022. En términos absolutos, en ese entonces eran 2,593 instituciones educativas de educación básica en el estado que requerían atención. Después de un año, sólo en 800 han sido concluidas las obras y 84 se encuentran en proceso, es decir, 66% de las escuelas todavía no han sido rehabilitadas. Una cifra que seguramente aumentará, considerando los daños dejados por el huracán.

La raíz del problema parece estar en la falta de prioridad e importancia que se le da a tener edificios escolares en condiciones dignas y seguras. Durante la pandemia, la infraestructura escolar también sufrió severos deterioros debido a que los planteles fueron abandonados, sin recibir mantenimiento y padeciendo robos y saqueos. Si a esta falta de priorización se suma el vivir en una geografía fuertemente expuesta a las consecuencias del cambio climático (calor extremo o inundaciones, por ejemplo) resulta claro que la acción gubernamental requerida para superar esta problemática requiere una sofisticada y compleja visión de futuro, capaz de sostener planes ambiciosos -casi radicales- de reconstrucción educativa.

Una parte de la incapacidad de generar dicha acción está en la siempre presente escasez de fondos. Pero también juegan otros factores como la corrupción, la mala gestión, la ineficiencia en el uso de los recursos públicos y la falta de una planificación a largo plazo que sobreviva a los cambios de administración. Por ejemplo, aunque existen entidades como el ISIFE (Instituto Sinaloense para la Infraestructura Física Educativa) dedicadas al monitoreo y respuesta de la infraestructura educativa, todavía persiste la falta de una estrategia unificada para abordar este reto.

Para solucionar este problema se requiere una visión estratégica que considere las características geográficas y climáticas de Sinaloa, que no puede seguir dependiendo de criterios definidos de manera estandarizada para una realidad que ya no existe. También se requiere capacidad de gestión, tanto de las relaciones con proveedores del sector privado como de las necesidades de cada comunidad escolar. Y finalmente, optimizar lo relativo a la asignación de mayor presupuesto estatal y procuración de fondos desde la federación. 

En este sentido, para superar los efectos nocivos del paso del Huracán Norma, serán de gran valor los recursos que puedan llegar al sector educativo mediante el presupuesto de Protección Civil por parte del estado para atender los daños a infraestructura pública estatal por desastres naturales, que para 2023 se presupuestaron sólo 19 millones de pesos destinados a este rubro. Y en su caso, solicitar recursos federales como el Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales. Sin embargo, si bien este programa presupuestario atiende las necesidades que cubría el FONDEN (eliminado en 2021), al ya no ser un fideicomiso que permitía el ahorro y garantizaba que el Gobierno federal contara con recursos para apoyar a los estados frente a emergencias por desastres, ahora dependerá de la disponibilidad presupuestal del programa en este año, lo que, de no tenerse, vislumbraría un panorama desalentador.