En un año de cinturones apretados para el sector educativo, es claro que los recursos serán insuficientes para cubrir los requerimientos de todas las escuelas. La necesidad de mejorar la infraestructura de miles de planteles en Sinaloa chocará con la responsabilidad de brindar apoyo pedagógico durante jornadas más largas, para así revertir los efectos de dos años sin clases presenciales. El escenario no es nada halagador.

Más allá de los anuncios de construir una Nueva Escuela Mexicana, no se ve en la fría realidad de las cifras, una genuina intención de priorizar la educación. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en el año 2022 el sector educativo recibió el presupuesto más bajo de los últimos 12 años, si se considera lo asignado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), pasando del 3.9 al 3.1 por ciento. A esto, debe sumarse el efecto de la inflación, que en el caso de Sinaloa generó un déficit real de casi 469 millones de pesos con relación al año 2021.

A espera del padrón oficial público que informará respecto a las escuelas beneficiadas por el Programa La Escuela es Nuestra (LEEN) en el 2022 en Sinaloa, hay razones suficientes para dudar que alcancen a cubrirse las necesidades de los 2,700 planteles que según la SEPyC cuentan con problemas de infraestructura.  Y aún más difícil es pensar que lo recursos alcancen también para acciones masivas de apoyos al aprendizaje académico y socioemocional, como la extensión de la jornada.

Por cierto, la honestidad intelectual obliga a reconocer que la escasez no es un mal nuevo. En el 2019, sólo 1,036 escuelas en Sinaloa contaban con jornada de tiempo completo y alimentación escolar. Pero el problema está precisamente en los retrocesos que se aprecian dentro de una situación que ya era precaria. Vale la pena recordar que en abril del año pasado -con el programa de tiempo completo ya desaparecido del presupuesto- sólo se había beneficiado 750 escuelas en Sinaloa con recursos de LEEN.

Por ello hay que insistir en priorizar la educación. No se puede hacer de la conducción de este importante sector un vivero de promesas vacías. El presupuesto educativo del próximo año es una nueva oportunidad para diseñar mejores estrategias de protección de los derechos educativos de los estudiantes y los derechos laborales de maestras y maestros.

Esto se puede hacer priorizando necesidades a partir de buenos diagnósticos; pidiendo a la federación gestionar mayores asignaciones a ramos presupuestales programables y disminuir la de ramos opacos y sin transparencia; y redirigiendo recursos de la propia recaudación al sector educativo.

Cuando padres, madres, estudiantes y docentes ya no estén dispuestos a aceptar más el derrumbe del andamiaje de políticas educativas y el retroceso en su financiamiento puede dañarse seriamente la relación de respeto y de apoyo mutuo entre escuelas y sociedad. ¿Qué transformación puede propiciarse desde el abandono y la falta de conducción?

Con todo, triunfos como el fallo de la justicia que obligó a la SEP a cambiar las reglas de operación de LEEN para permitir que sus recursos pudieran ser usados para cubrir gastos de horario extendido y alimentación a estudiantes, sólo permiten evitar el nivel más extremo de despojo. No evitando que se exponga a las comunidades educativas a nuevas decisiones desafortunadas, tales como que las escuelas que ya han recibido apoyo en ejercicios fiscales anteriores, no puedan hacerlo nuevamente. A esto se llega cuando no se abordan los problemas en su fondo. Cuando la cobija es pequeña, alguien quedará sin cubrirse.