La magnitud de la crisis educativa generada por los prolongados cierres escolares en América Latina plantea la necesidad de repensar el funcionamiento de los sistemas educativos. La pandemia no trajo problemas nuevos a escuelas y colegios a lo largo y ancho de esta región del mundo. Lo que hizo fue agravar y hacer más evidentes problemas que ya existían. Por ende, replicar el funcionamiento prepandemia parece ser el camino equivocado.
Así, el concepto de innovación gana terreno en el debate y en los discursos de los actores que buscan movilizar a gobiernos nacionales y locales para confrontar las consecuencias de la crisis. Esta discusión parece ser inevitable e imparable. Pero vale la pena preguntarse tanto por la forma en la que se va a entender qué es innovación, como por la relación que tiene esta con la superación de las inequidades estructurales de los sistemas educativos de la región sobre las cuales se cristalizaron los efectos negativos de la pandemia.
Dicho en otras palabras, cuando se hable de la necesidad de innovar en las formas de enseñar y aprender, se debe responder la pregunta de qué sí es innovación y qué no lo es. Así como también, se deberá explicar con claridad la manera en la que la innovación permitirá resolver las injusticias sociales que los sistemas educativos reproducen.
En este sentido, la primera idea fundamental a considerar es que -paradójicamente- la innovación educativa con una orientación hacia la justicia social no es nada nuevo. Ya hace un siglo la configuración de sistemas de educación pública nacionales desafiaba de manera innovadora la idea de la educación como privilegio para grupo sociales con el poder económico y cultural para acceder a la educación de manera privada.
A través de la influencia de figuras como Fausto Domingo Sarmiento, quien aprende de Horace Mann la idea de la escuela común que origina el sistema de educación público en Estados Unidos, los países de América Latina comienzan lenta y gradualmente un camino que produce a la larga una de las innovaciones educativas más exitosas, de profunda importancia para la justicia social: la idea de que la escuela y el aprendizaje deben ser un derecho para todas y todos, independiente de las circunstancias en las que se nace.
Lo que permite considerar la creación de sistemas públicos de educación como una innovación orientada a la justicia social es el espacio de los problemas en común. Por una parte, se atendió a los bajos niveles de aprendizaje en habilidades fundamentales tales como lectura, escritura y operatoria matemática que padecía un amplio segmento de la población. Y con ello, se atendió a un déficit asociado a muchos de los problemas cívicos, sociales y económicos de aquellos años.
Un siglo después, la innovación educativa con orientación hacia la justicia social sigue siendo aquella que se configura como espacio de resolución de problemas tanto educativos como sociales, políticos y económicos. Esto es importante, pues implica que cualquier llamado a la acción, cualquier política o programa implementado por algún gobierno, no puede quedar atrapado en un mero activismo. En la búsqueda de soluciones para problemas sensibles, deberá siempre haber una profunda ética de la responsabilidad en cualquier esfuerzo por innovar.
La principal implicación de esta dimensión ética de la innovación educativa es que deja afuera todo aquello que sea desarrollado únicamente con un fin mercantil en mente, o que no logre demostrar capacidad real de avanzar la resolución de los problemas que se consideran más prioritarios. Y que esto, a su vez, protegerá a los esfuerzos de perseguir mayor justicia social de no limitarse sólo a la denuncia de las injusticias, y a no caer en su peor versión posible, la demagogia.
Con innovaciones educativas con orientación a la justicia social ejemplares, y en su momento de absoluta vanguardia, tales como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) o los sistemas de telesecundarias y telebachilleratos, México supo encontrar caminos correctos para hacer aterrizar en escuelas y preparatorias vehículos de mayor justicia y equidad social. El ciclo escolar 2022-2023 ofrece una oportunidad única para avanzar en este sentido.

Columna publicada en Espejo.