Desde la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, la discusión pública en materia educativa ha girado en torno a cómo éste afecta gravemente el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes que más lo necesitan. Uno de los grupos que mayores consecuencias tendrá son aquellos pertenecientes a comunidades indígenas, pues se contempla la eliminación del Programa de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI), lo que repercutiría en Sinaloa a 5,929 alumnos de 138 escuelas.

Los derechos de los pueblos indígenas se encuentran sustentados por la constitución en su artículo segundo, donde también se establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural. Asimismo, el artículo tercero constitucional indica que la educación también debe ser equitativa, incluyente y de excelencia.

Si bien se cuenta con el suficiente sustento legal para garantizarles su derecho, el PPEF 2021 pretende eliminar por completo el PADEI, cuyo objetivo es mejorar la atención en escuelas de educación indígena mediante una oferta educativa pertinente para quienes asisten a ellas, a través del fortalecimiento de la diversidad lingüística, la atención de grupos multigrado y su planteamiento curricular.

Lo anterior -sin presentar alguna otra opción que sustituya o brinde este servicio a dicha población- violenta el derecho de este grupo social que históricamente enfrenta las mayores condiciones de pobreza, marginación, desigualdad, vulnerabilidad y exclusión en el sistema educativo mexicano.

Entre las principales dificultades y carencias educativas que afrontan los pertenecientes a comunidades indígenas para garantizar su derecho a estar, aprender y participar en la escuela, se encuentran las siguientes.

La atención educativa la reciben a través del servicio indígena en preescolares y primarias, así como CONAFE, sin embargo, una vez alcanzado el nivel de secundaria, no existe un servicio específico para brindarles atención, siendo la telesecundaria la principal receptora de estos alumnos. Las dificultades que enfrentan en este punto se vuelven más amplias debido a los problemas de comunicación al con contar con clases en su lengua nativa, por lo que las posibilidades de abandono escolar son mayores. De hecho, de acuerdo con datos del INEE (2017), la escolaridad media de los indígenas de 15 años o más es de sólo 6.9 grados, mientras que la de la población no indígena es de 9.4.

La precariedad es otro factor que afecta a este grupo social, ya que UNICEF señala que 73.2% de los hablantes de lengua indígena vive en pobreza extrema. Este problema también se reproduce en las escuelas donde asisten, las cuales carecen de condiciones materiales e infraestructura apropiada, según el INEE. Todo esto en su conjunto, se relaciona con los bajos logros de aprendizaje, ya que en estas escuelas se obtienen los mayores niveles de insuficiencia en la prueba PLANEA.

Aunado a todos los mencionados problemas, y de aprobarse este presupuesto, la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas dependerá sólo de ellos mismos, sin recursos ni apoyos gubernamentales para brindarles atención específica e inclusiva, como estipula la constitución.

El turno ahora corresponderá a los diputados y en sus manos está revertir la situación y hacer las adecuaciones necesarias para que los mandatos legales se respeten, los derechos se garanticen y los discursos se materialicen en la realidad.