El día 23 de marzo del año 2020 un decreto cerró todas las escuelas en el país. El tiempo pasa rápido, pero le rebasa por el acotamiento la voluntad de la autoridad educativa federal de decretar el regreso a la normalidad del pasado. La memoria es frágil. Se nos olvida que antes de la pandemia México tenía un sistema de educación pública en el que sólo archipiélagos de virtud y profesionalismo lograban ofrecer esperanza en un océano de exclusión e injusticia.

Hoy vivimos una crisis educativa silenciosa de la que poco se habla. Parece ser más importante la inoportuna reforma curricular o el recambio en el liderazgo de la SEP que los temas que debieran ser prioridad. No saldrá gratis ser el país de América Latina que mantuvo las escuelas cerradas por más tiempo. El costo final de esta trágica decisión se sigue acumulando. Casi 30 meses han transcurrido desde el cierre de escuelas y en Sinaloa todavía no es posible reabrir todos los planteles. La culpa ya no es de la pandemia, sino de la precariedad de las escuelas.

En el año 2017, el Plan de Desarrollo Estatal para Sinaloa planteaba que “La tercera parte de los edificios (escolares) cuenta con treinta años de construidos, y un buen número rebasa los cincuenta, por lo que son riesgosos en su estructura física y deben sustituirse a causa de la gran dificultad de lograr su rehabilitación o conservación”.

En el mismo documento, se señalaba un déficit de construcción de 816 aulas, 65 laboratorios, 198 talleres tecnológicos y 2 mil 498 anexos. En estos últimos se consideraba la instalación de 405 subestaciones eléctricas; la rehabilitación de 2 mil 431 edificios y la dotación de 3 mil 015 lotes de mobiliario escolar. También se mencionaba que sólo 48.3% de los planteles cuenta con espacios para usar tecnologías de la información y la comunicación.

Cinco años después, el último informe de gobierno de Quirino Ordaz Coppel informó de la construcción de 441 nuevas aulas, 47 laboratorios, 16 talleres y 1,258 anexos. También se mencionan 4,700 acciones de rehabilitación y la dotación de mobiliario a 607 escuelas, gracias a recursos del Seguro Institucional que se cobró en especie. Y finalmente, se destaca la creación de 25 nuevas escuelas. Todo, con una inversión cercana a los 2,500 millones de pesos.

¿Cuánto de los riesgos estructurales a escuelas antiguas diagnosticados en 2017 siguen aún sin atender? No se sabe ¿Cuántas nuevas necesidades surgieron por el vandalismo o el deterioro producido en las escuelas por el abandono? Lamentablemente, el sistema educativo sinaloense tiene un grave defecto: cuenta con poca y deficiente información para saber cómo está.

El Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 lo confirma. Al carecer de un diagnóstico acabado en materia de infraestructura escolar, sólo se describe de manera general lo que se pretende hacer. En la tabla de indicadores y metas para el sexenio, se plantea la expectativa de atender al menos las necesidades de remozamiento de 3 mil escuelas. La idea, reza el documento, es atender todos los requerimientos que se presenten.

Como primera acción en esta materia, la nueva administración de la SEPyC dio a conocer que 2,593[1] planteles en el estado presentan necesidades de distinta índole. Pero la problemática de la infraestructura se nos va revelando con más precisión a partir de las protestas y bloqueos de vialidades de familias que reclaman por atención, o a través de datos anunciados por el gobernador en conferencias semaneras. Así supimos de los 117 planteles sin electricidad o de las 43 escuelas que no podrán abrir sus puertas por estar en remodelación.

¿Hemos de sumar los 117 planteles a los 43? ¿Están todos estos ya incluidos en el listado de 2,593 o se deben sumar? Con información imprecisa, se hace difícil tanto comprender la magnitud del problema como buscar de manera efectiva soluciones. Sin información, sencillamente no se fragua un plan. Sin ese plan, la probabilidad de atender a todas las necesidades disminuye.

A la fecha, se ha hablado poco respecto a este vacío estratégico. La discusión tiende a centrarse en la escasez de recursos. Es cierto, sin dinero poco o nada se podrá hacer. Por eso son valiosos llamados a solicitar recurso extraordinario como el que hizo el diputado José Manuel Luque, presidente la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso del Estado de Sinaloa. ¿Pero qué pasaría si en vez de pedir recursos extraordinarios se pidiera una gestión extraordinaria?

En una reciente nota, el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) Hugo Echave Meneses mencionaba haber recibido un presupuesto de 240 millones de pesos. Este monto es muy probablemente lo que dicho instituto debe haber recibido para educación básica. Pero el presupuesto aprobado por el congreso asigna también a ISIFE un total de $215,802,884 para educación Media Superior.

La crisis educativa que vivimos golpea primero y con más fuerza a los más pobres y marginados. Preescolares, primarias y secundarias, sobre todo en sectores periféricos de las grandes ciudades del estado, en comunidades rurales y campos agrícolas, presentan una mayor concentración de necesidades. Cuando se cae el techo de una secundaria, cuando no hay luz en la primaria, cuando no hay baño en el preescolar, hay un riesgo mucho mayor de excluir a esos estudiantes de sus derechos educativos. Llegar a la educación superior presupone ya haber librado todos esos riesgos.

Contar con nuevos recursos gestionados de manera extraordinaria sería un gran aporte. Pero el congreso y el gobierno del estado cuentan con las atribuciones y los medios para evaluar la factibilidad técnica de implementar reasignaciones presupuestarias que irriguen el recurso que hoy hace falta para atender a las escuelas de nivel básico.

La elaboración del plan sectorial educativo es una oportunidad inmejorable para contar con una hoja de ruta clara respecto a cómo resolver grandes problemas educativos, como la crisis de precariedad en las escuelas. Sin ofrecer a todos los estudiantes la oportunidad de regresar, no sabremos a quiénes y a cuántos perdimos, ni podremos traerlos de vuelta. Y tampoco podremos diagnosticar y reactivar los aprendizajes de quienes más excluidos han quedado en todo este tiempo de pandemia. Ya no podemos esperar más.

[1] La cifra dada a conocer oficialmente fue de 2,700 planteles, pero no todos ellos corresponden a escuelas.