Tal y como lo mencionamos en nuestra entrega anterior, visualizamos nuestro sistema educativo como una carreta de dos ruedas conformada por las leyes y el presupuesto. Donde al dejar de funcionar cualquiera de ellas, resultará en que esa carreta no podrá recorrer el camino hacia el tan anhelado sistema incluyente y equitativo al que los estudiantes en Sinaloa tienen derecho.

Ese camino en nuestra entidad ya se emprendió, el Congreso del Estado aprobó el pasado 29 de octubre, por unanimidad, la nueva ley estatal en materia educativa, luego de la obligación de ajustar nuestro marco jurídico, resultante de la reforma constitucional a nivel federal del año pasado

Hablando un poco sobre el trabajo realizado por nuestros legisladores, queremos hacer notar que estos alcanzaron un instrumento legal que guarda el sentido propio de la reforma, es decir, prioriza el interés superior de la niñez y juventud en el acceso, permanencia y participación en las escuelas. Además de alinear la iniciativa a la “ley marco” que proporcionó la federación a los estados para que fuera la base de sus proyectos, se dieron a la tarea de escuchar a diversos actores y distintas voces, luego de eso, lograron sostener en la iniciativa, muchos de los derechos ya consagrados en la ley de educación vigente.

Cabe destacar que la nueva legislación promueve el desarrollo integral de la primera infancia, instituyendo los tres años para que los niños ingresen a preescolar; considera la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación; permite la participación de la comunidad escolar en las diversas esferas que constituyen el universo educativo; además de establecer un sistema de información y gestión educativa con intención de abonar a la transparencia.

Así también, entre los temas que se defendieron de la ley que aún se encuentra en vigor, podemos señalar el sistema estatal de becas, que ha representado la única oportunidad para que muchas niñas, niños y jóvenes ingresen y permanezcan en la escuela.  También obliga a gobierno del estado y municipios a considerar en sus presupuestos de egresos que las partidas anuales para el sostenimiento de la educación pública nunca sean inferiores a las cantidades y porcentajes fijados para el ejercicio fiscal anterior. Además, se establece que las autoridades educativas estatal y municipales en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.

Podemos entonces decir que los diputados sinaloenses trabajaron arduamente por lograr la mejor versión posible de la nueva ley, se detuvieron en el análisis, en el trabajo en equipo, en pensar siempre en los niños antes que cualquier otro tipo de interés y han logrado sacar adelante su encargo.

Va desde aquí nuestro reconocimiento y el genuino deseo que la entrada en vigor de la ley no signifique solamente un cúmulo de buenas intenciones y con el tiempo se convierta en letra muerta, sino por lo contrario por fin se reflejen y se materialicen en la realidad educativa de Sinaloa.