En el tejido social de una nación, el cuidado y la atención educativa desde los primeros años de vida de las niñas y niños constituyen pilares fundamentales para el florecimiento de una sociedad justa y equitativa. La primera infancia, esa etapa crucial de desarrollo cognitivo y socioemocional, demanda especial atención y recursos para asegurar que cada infante tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. De esta forma, el acceso universal a espacios adecuados para la educación temprana se vuelve una prioridad ineludible en la agenda pública, tanto de México, como de Sinaloa.

En ese sentido, los datos indican que, durante los últimos ciclos escolares, la matrícula de niñas y niños en educación inicial en Sinaloa ha tenido altibajos. Por ejemplo, durante la pandemia hubo una considerable baja en los inscritos, que pasó de 10,197 niños atendidos en el ciclo 2019-2020 (ciclo en el que sucedió el cierre escolar) a 8,286 para el siguiente ciclo (2020-2021). No obstante, para el ciclo 2022-2023 -el primero en ser completamente presencial tras la pandemia- se ha logrado aumentar la matrícula a 10,271. Sin embargo, cabe señalar que 60% de estos alumnos son atendidos en instituciones con sostenimiento privado y sólo 40% en públicas, por lo que la responsabilidad de la educación de los menores de tres años ha recaído, en mayor medida, en las familias y no en el Estado.

De hecho, en el segundo informe de gobierno de Rubén Rocha Moya, se menciona que el Programa de Expansión de la Educación Inicial (PEEI), ha contribuido a que más niñas y niños de los cero a los 2 años 11 meses de edad cuenten con acceso a servicios educativos públicos, por medio de Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) y Agentes Educativos de Asistencia a los Hogares. Sin embargo, se omite decir que, durante esta administración, este programa ha sufrido recortes nominales considerables en su presupuesto, pasando de $13,658,740 en el año 2022, a $11,757,317 en el 2023, y a $10,403,916 para el año 2024, lo que, considerando los efectos inflacionarios,representa una reducción de 32% en términos reales durante esos años. De este modo, si se busca aumentar la cobertura de este nivel, es necesario que la voluntad política sea acompañada de esfuerzos presupuestales suficientes que les permita a todas las y los niños acceder a una educación temprana.

Por su parte, la matricula de alumnos inscritos en el prescolar también ha presentado altibajos, muy probablemente por la misma razón: la pandemia. Mientras que en el ciclo 2019-2020 se atendían en este nivel educativo a 110,783 alumnos, para el 2020-2021, se redujo a 107,025. Luego, para el ciclo 2022-2023 la matricula se recuperó nuevamente atendiendo a 110,424 niñas y niños. Con esto, Sinaloa cuenta con una cobertura del nivel preescolar de 72.8%, ubicándose por encima de la media nacional (66.9%), siendo el noveno estado del país con mayor cobertura. Y a diferencia de la educación inicial, en el preescolar 85% de los alumnos asiste a escuelas públicas.

Sin embargo, algo que merece destacarse es que los alumnos inscritos en el primer grado de preescolar han presentado una tendencia de aumento al menos en los últimos cinco ciclos escolares. Mientras que en el ciclo 2018-2019 sólo había 9,097 alumnos inscritos en ese grado escolar, para el ciclo 2022-2023 se contó con 16,710. Con esto, Sinaloa cuenta con una tasa de atención de 57.2% a los niños de 3 años, superando la media nacional (43.8%) y ubicándose como el sexto estado con mayor atención educativa a la población de esta edad.

Lo anterior resulta muy positivo teniendo en cuenta que, desde el ciclo 2021-2022, el primer grado de preescolar se volvió de carácter obligatorio, por lo que las y los niños deben iniciar su trayectoria educativa a más tardar a los 3 años de edad. No obstante, aún se está muy lejos de alcanzar esa cobertura universal en todos los grados del preescolar, y cualquier aumento en la oferta educativa deberá ir acompañado de los recursos económicos que conlleva (más docentes, más infraestructura, más materiales, etc.).

Garantizar el acceso a una educación temprana de calidad para todas las niñas y niños es un imperativo moral y social que exige la voluntad política y el compromiso presupuestal. Si bien se han logrado avances en la ampliación de la matrícula en educación inicial y preescolar, es esencial reconocer que persisten desafíos significativos en la cobertura universal. Por un lado, es necesario que las autoridades estatales redoblen esfuerzos para cerrar las brechas de desigualdad desde los primeros años de vida. Y por otro, que este tema sea una de las prioridades dentro de la agenda de los futuros candidatos de cara al próximo proceso electoral. Sólo así se asegurará un futuro más prometedor y justo para las generaciones venideras.