Cada año, el presupuesto educativo se convierte en motivo de análisis y reflexión debido a su gran relevancia para impulsar y fortalecer el derecho aprender. Cada peso gastado debe tener un componentes de equidad e inclusión para priorizar que las niñas, niños y jóvenes que enfrentan mayores carencias, marginación y vulnerabilidad sean atendidos. No obstante, la inercia del gasto suele perpetuar y reproducir las brechas existentes, perjudicando, como siempre suele suceder a los que más lo necesitan.

Un ejemplo claro de esta situación es la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Uno de los propósitos de este fondo es la construcción, rehabilitación y equipamiento de las escuelas, sin embargo, los criterios de asignación han privilegiado a las entidades con mayor número de estudiantes y planteles, sin considerar las carencias reales de infraestructura.

Por ejemplo, en Sinaloa, 36.3% de las escuelas en el ciclo 2021-2022 no tenían servicios básicos completos, lo que la ubicaba en la posición 11 a nivel nacional, no obstante, los montos que recibe del FAM la ubican en la posición número 18 para recibir los recursos. De igual forma, estados como Oaxaca y Guerrero, donde un alto porcentaje de escuelas carece de servicios básicos como agua potable, electricidad y baños, obtienen menos recursos que entidades con menor rezago.

Aunque la educación inclusiva es un mandato constitucional, la realidad se encuentra lejos de cumplirse. En México, menos del 30% de las escuelas están adaptadas para recibir estudiantes con discapacidad, y en Sinaloa, solamente una cuarta parte se encuentran en la misma condición. La falta de accesibilidad es un reflejo de cómo el gasto educativo deja al margen a los que más necesitan el apoyo, lo que es urgente de corregir.

La brecha digital en México es otra manifestación de las desigualdades educativas. En un mundo donde la tecnología es central para el aprendizaje, miles de estudiantes carecen de acceso a herramientas básicas como computadoras e internet en sus escuelas. Esto se manifiesta a nivel nacional en donde 46.3% de los planteles cuentan con computadoras y 29.3% con internet, mientras que en Sinaloa es del 34.8% y 22.7%, respectivamente, lo que posiciona a la entidad en una situación de desventaja.

Sin una inversión decidida en infraestructura tecnológica para propósitos educativos, seguirán profundizándose barreras e inequidades para acceder a más y mejores oportunidades de aquellos alumnos que se encuentran en entornos menos favorecidos.

Las carencias de infraestructura y equipamiento sanitario también propician inequidades entre las niñas y niños que asisten a la escuela. Esto, debido a que las estudiantes que se encuentran menstruando prefieren ausentarse de clases, posiblemente al tener que enfrentar condiciones de higiene inadecuadas. En ese sentido, el gasto educativo requiere dar respuesta y apoyo para que las trayectorias de las niñas no se interrumpan debido a su sexo.

Muchas de estas inequidades educativas pueden atenderse priorizando un gasto equitativo que mitigue los grandes retos en la educación y apoye a las y los estudiantes que enfrentan mayores desventajas. La solución no es el aumento en las becas y una reducción presupuestal en la infraestructura, ya que esto ha generado un desbalance que no apoya en la atención de estas necesidades. En las discusiones presupuestales es momento de tomar decisiones que permitan romper los ciclos de exclusión y asegurar que el derecho a aprender sea realmente pensando en todas y todos.