La discusión de la iniciativa de presupuesto de egresos 2024 en Sinaloa se encuentra en sus últimas etapas. Por ello, es importante analizar la asignación de recursos destinados a promover una educación más justa, equitativa e incluyente, donde se favorezca a los grupos que enfrentan mayor exclusión y vulnerabilidad del sistema educativo. Entre éstos se encuentran la atención a la primera infancia, así como a la niñez migrante. En la iniciativa presentada por el Ejecutivo al Congreso del Estado, se revelan cambios significativos en el presupuesto dirigido a estos grupos que merecen nuestra atención y reflexión.

En primer lugar, en términos nominales, el presupuesto destinado al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), sería de $10,561,389, por lo que experimenta un aumento de $565,305 (5.66%) en comparación con el año anterior (2023). Sin embargo, al examinar este incremento en términos reales, se traduce a un modesto aumento de $133,773 (1.34%), es decir, apenas se sobrepone al efecto inflacionario.

El Programa Expansión de la Educación Inicial recibirá $10,403,916, con una disminución nominal significativa de $1,353,401 (11.51%). En términos reales, la reducción es aún más notable, alcanzando los $1,778,499 (15.13%). Este descenso plantea interrogantes sobre la priorización de la educación inicial en el presupuesto, más aún, considerando que en el reciente informe de gobierno se mencionó la importancia de este programa para brindar servicios educativos a los menores de 3 años.

Por su parte, el Servicio de Guardería a Madres Trabajadoras experimenta un aumento nominal alentador de $24,578,111 (14.18%). No obstante, en términos reales, el incremento de $16,489,886 (9.51%) plantea la pregunta de si es suficiente para abordar las necesidades en evolución de este sector de la población.

El gasto destinado a educación inicial se proyecta en $208,356,586 con un aumento nominal de $23,224,710 (12.54%), por lo que el incremento real de $14,711,387 (7.95%) podría generar preocupaciones sobre la adecuación de los recursos para este componente crucial de la educación temprana.

La educación preescolar recibiría $590,756,790 que representa un aumento nominal de $57,854,350 (10.86%), con un incremento real de $33,716,388 (6.33%). Aunque es positivo, es importante evaluar si este aumento es proporcional a las necesidades y desafíos que enfrenta este nivel educativo, sobre todo teniendo en cuenta las intenciones de crecer la matrícula de niños en el primer grado de preescolar.

Los Centros de Atención Infantil (CAI) mantienen su asignación nominal en $137,162,387, sin embargo, en términos reales, esto representa una disminución de $5,604,371 (4.09%). De esta forma, este estancamiento financiero podría afectar la calidad y accesibilidad de los servicios ofrecidos.

Por último, también es importante mencionar el apoyo que se les brinda a las niñas y niños hijos de jornaleros migrantes, que muchas veces son quienes se encuentran en situación de mayor marginación y vulnerabilidad. Este programa tiene una asignación de $36,759,349 donde se muestra un aumento nominal de $3,561,797 (10.73%), que en términos reales se traduce a $2,059,832 (6.20%). Este incremento es un indicador positivo del reconocimiento de las necesidades específicas de la infancia migrante, aunque no sabemos si es suficiente considerando que Sinaloa es el principal receptor de esta población en el país.

El análisis general de estos componentes presupuestarios revela un panorama mixto. Mientras algunos experimentan mejoras, otros enfrentan reducciones que podrían aumentar las brechas de desigualdad educativa de estos grupos. Es esencial considerar cómo estos cambios se traducirán en el bienestar y desarrollo integral de las y los niños en Sinaloa. Asimismo, evaluar si los recursos asignados reflejan con precisión el nivel con el que se prioriza garantizar la educación equitativa e inclusiva que establece el artículo tercero constitucional.

Ahora corresponde a los legisladores del estado realizar una revisión cuidadosa de dichas asignaciones para favorecer una distribución más equitativa de los recursos y abordar las áreas que enfrentan disminuciones, para asegurarse que los programas críticos reciban la atención y financiamiento necesarios. El presupuesto 2024 presenta desafíos y oportunidades para la primera infancia y la niñez migrante, por lo que se debe abogar por un gasto progresivo, suficiente y adecuado que garantice un desarrollo óptimo de las próximas generaciones.