Esta semana en el Congreso de Sinaloa se dio lectura a la iniciativa de presupuesto estatal 2023. Como cada año, la revisión y el análisis de lo presupuestado permitirá conocer la declaratoria de prioridades del gobierno. Para prepararnos, presentaremos un breve análisis sobre el presupuesto educativo federal aprobado. Con esto, se dispondrá de un contexto con el cual analizar de manera crítica las decisiones que se tomarán en el estado.

Para el 2023, el gobierno federal dispondrá de una inversión educativa total de 945,011 millones de pesos. Esto representa un 3% del PIB nacional. Comparado con el presupuesto 2022, representa un aumento real de 6.5% es decir, se logra compensar el efecto de la inflación y además disponer de más recursos. Sin embargo, este presupuesto no logra superar las inversiones educativas más altas realizadas en México, tanto como monto real (2014) y como porcentaje del PIB (2007).

Según un análisis del IMCO^[1], la SEP recibirá 402 mil 277 millones, lo cual la convierte en la Secretaría con el segundo mayor presupuesto. Aunque la subsecretaría de Educación Básica (EB) atiende al 70% de los estudiantes en México, y a pesar de contar con una asignación 22% más alta que el 2022 en términos reales, el recurso otorgado a EB sólo representa el 18.4% del total asignado a la SEP. En tanto, los niveles de Media Superior y Superior recibirán el 70% del presupuesto de la dependencia.

Siguiendo la tendencia de los años anteriores, los cuatro programas presupuestarios más grandes corresponden a becas y entregas directas de recursos a la población. El programa más oneroso será el de la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez con una asignación de 37 mil 554 millones. Sigue el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez con un monto de 34 mil 922 millones. Luego, el programa La Escuela es Nuestra recibirá 27 mil 53 millones, con un alza real de 84.5% en comparación a lo recibido el 2022. Y por último, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirá 11 mil 162 millones.

Respecto del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), vale la pena hacer dos consideraciones fundamentales para el análisis del presupuesto local. La primera, es que a la fecha sigue sin conocerse el padrón de escuelas beneficiarias de dicho programa durante el ciclo escolar 2022 – 2023. Si esta ausencia de información se debe a que los recursos aún no han sido distribuidos, el estado deberá gestionar que el dinero que no llegó este año pueda ser recibido y utilizado por las comunidades escolares durante el año 2023.

Y la segunda, es que de acuerdo con la reserva presentada por la diputada Tania Cruz Santos, las reglas de operación del LEEN deberán modificarse (una vez más) para asegurar que al menos un 21% de los 27,053 millones de pesos que se otorgaron a dicho programa se destine a la “asignación presupuestal para los componentes de Horario Extendido y Servicio de Alimentación” (citado de la reserva presentada por la diputada el 8 de noviembre).

En un inicio, LEEN surgió como un programa que buscaba democratizar la participación de la comunidad en obras menores y equipamiento de las escuelas. Y ahora el programa también suma la tarea de brindar los apoyos para alimentación y jornada extendida, un paliativo contra la regresiva decisión de eliminar las escuelas de tiempo completo.

Pero el costo que se deberá pagar por esta combinación de programas es perder parte del carácter democrático de LEEN, puesto que según la reserva aprobada, se deberá dictaminar de manera centralizada -es decir, sin participación de la comunidad- la forma en la que se usará al menos 21 de cada 100 pesos del total disponible.

Esto es algo que el Congreso de Sinaloa deberá tomar en cuenta a la hora de determinar cómo reglamentar el uso de los 100 millones de pesos anunciados por el gobernador Rubén Rocha como parte del programa institucional local llamado “La Escuela es Nuestra de Tiempo Completo”.

A pesar de las múltiples propuestas generadas por organismos de sociedad civil, el presupuesto federal no logra romper con tendencias preocupantes. El sistema de becas dejará sin alcanzar a 6.8 millones de niñas y niños que habitan en zonas de alta o muy alta marginación.

Rubros como la educación en su nivel inicial siguen sin una asignación presupuestal que permita su expansión, tema clave para un estado como Sinaloa comprometido con la agenda de primera infancia. En tanto, el recurso para el Programa de Fortalecimiento Profesional Docente sólo ofrecerá alrededor de 124 pesos por maestro para todo el año.

Y, finalmente el presupuesto sigue sin incluir ninguna asignación de recursos para luchar contra los grandes problemas de la silenciosa crisis educativa que padece México y que se recrudecieron con la pandemia: el rezago en el aprendizaje académico y socioemocional junto con el riesgo de un abandono escolar exacerbado.

A través de este primer análisis, es evidente que se enfrenta un escenario complejo. Será difícil para Sinaloa evitar las consecuencias que surgen de la decisión del gobierno federal de debilitar y desaparecer políticas públicas enfocadas en construir equidad educativa y aprendizaje.

El Congreso del Estado tendrá que tomar cartas en el asunto para cubrir los vacíos que dejan las decisiones federales y poner gran énfasis en una adecuada administración del recurso. Ayudará, en este sentido, que según el análisis del IMCO Sinaloa será la entidad con la segunda asignación más alta per cápita para su sistema educativo después de Colima (sin contar a la Ciudad de México).

^[1] https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2022/09/Educacion-en-el-Paquete-Economico-2023.doc.pdf