Durante los más de 500 días que han permanecido cerradas, muchas escuelas han padecido la falta de mantenimiento. Y lamentablemente otras han sufrido graves afectaciones producto de robos y saqueos. Por lo tanto, el diagnóstico y la adecuada atención de las necesidades de infraestructura de los planteles es un requisito fundamental para cualquier estrategia de regreso a la presencialidad digna, justa y segura.

Sin embargo, un análisis preliminar permite estimar una alta probabilidad de que los recursos actualmente presupuestados para el sector educativo sean insuficientes, sobre todo para atender a necesidades de índole mayor, como construcción de baños o rehabilitación de servicios de agua potable y cableado eléctrico.

En Sinaloa actualmente son dos las vías mediante las cuales las escuelas pueden recibir apoyo. En primera instancia, mediante la gestión del Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa, que para el año 2021 contó con un presupuesto aprobado en la Ley de Egresos de poco más de 544 millones de pesos (Mexicanos Primero Sinaloa, 2020).

Y en segunda instancia, los planteles reciben apoyos mediante el programa federal La Escuela es Nuestra, el cual hoy sólo beneficia a 750 de las 5,600 escuelas en el estado. De acuerdo con los lineamientos de dicho programa, lo que cada escuela recibe debe servir para resolver necesidades de infraestructura y equipamiento, además de costos asociados a alimentación a estudiantes y ampliación de la jornada.

Ante estas limitaciones, muy probablemente termine por imponerse la tesis de un regreso presencial paulatino, gradual, como ya se vivió en el estado mediante los Centros Comunitarios de Aprendizaje. ¿Pero qué pasaría si de pronto todas las escuelas quisieran volver el 30 de agosto?

La discusión del presupuesto federal y local para el año 2022 es clave. Ya no se puede ignorar la necesidad de crear una bolsa de recursos destinada por completo a la recuperación de esta crisis.

Urge entonces que las autoridades anuncien pronto cuál será el plan de acción y aumento presupuestal que dé mayor certeza a los anuncios de un regreso a clases que, aunque apunta en la dirección correcta, aún está lejos de ofrecer certeza y de generar confianza en docentes y familias.