Del 3 al 6 de octubre, se llevó a cabo por tercer año consecutivo, la  3ª Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2023. Lo anterior, con el objetivo de  incidir en dicho proceso presupuestal e incentivar el aumento de recursos públicos para la atención de la Primera Infancia en México.

Durante este evento, se expuso y se dialogó con legisladores lo indispensable de esta etapa formativa para el desarrollo cognitivo y socioemocional de la niñez; la importancia de la inversión en programas claves de atención a menores de 6 años y sus tasas de retorno sobre su salud, aprendizaje, la productividad, el ingreso y la paz social. Por otra parte, también se presentaron análisis de cómo ha sido el gasto en la primera infancia durante los últimos años.

Tal es el caso expuesto por Alberto Sotomayor, coordinador de investigación del Pacto por la Primera Infancia. En su análisis presupuestal entre los años 2018-2023, encontró que si bien los recursos del anexo transversal 18 -instrumento que permite identificar los recursos destinados a acciones enfocadas para la atención de niñas, niños y adolescentes- han crecido nominalmente 13%, en términos reales se ha disminuido un 8%. De hecho, el presupuesto 2022 de este anexo es incluso menor que el de 2012 en términos reales, es decir, se destinan menos recursos que hace una década.

Además, entre 2018 y 2021, las ampliaciones nominales de este anexo sólo han favorecido a la niñez (6 a 12 años) y adolescencia  (13 a 17), siendo la primera infancia (0 a 5) el único grupo etario afectado, el cual su presupuesto ha decrecido más de 3,921 millones de pesos. Para el año 2023, el crecimiento de este último grupo será de sólo 0.1% con respecto al año anterior.

Otro de los hallazgos fue que el gasto per cápita en primera infancia ha tenido una reducción de 32%, pasando de un promedio nacional de gasto de $526 mensuales en el año 2018 a $356 en 2021. Esto también es señalado por la OCDE en su más reciente estudio, Education at a Glance 2022, donde México se ubica en el último lugar en términos de inversión por alumno en educación inicial de los países de la OCDE.

Los principios que deben guiar la asignación presupuestal, son priorizar el interés superior de la niñez, la progresividad del gasto y la no regresión. Sin embargo, las constantes de los programas clave de primera infancia en los últimos años han sido asignaciones inerciales, decrementos y reducciones presupuestales.

Lamentablemente, estos decrecimientos no han sido las únicas barreras para esta población, pues también han sido afectados con la eliminación de programas integrales, como lo son el de Estancias Infantiles y PROSPERA. El primero, ofrecía atención, cuidado y educación inicial. Mientras que el segundo, entre sus componentes, brindaba alimentación, educación y salud a niñas y niños. En ninguno de los casos, se ofreció una alternativa complementaria que los sustituyera.

Al igual que a nivel federal, Sinaloa también ha tenido limitaciones presupuestales para garantizar el desarrollo de los menores de 6 años. A finales de 2021, en Mexicanos Primero Sinaloa advertimos que los aumentos nominales para el presupuesto 2022 en esta materia no eran capaces de sobreponerse a los efectos inflacionarios, y para el año 2023, no se visualiza un escenario distinto.

Asimismo, se señaló lo complejo que es rastrear las partidas presupuestales dirigidas a la primera infancia, debido a que en la entidad se carece de un anexo transversal que consolide esta información. Por lo que un gran avance para la elaboración del presupuesto estatal de 2023 sería contar con un anexo transversal que permita identificar los recursos dirigidos a este rubro y las acciones específicas a realizarse.

A pesar de contar con una Estrategia Nacional de Primera Infancia, la asignación de recursos en los últimos años se ha caracterizado por tener poco margen de modificación. No hay duda de que los techos presupuestales con los que cuentan las dependencias al elaborar su presupuesto se convierten en una limitación a la hora de asegurar que los recursos sean suficientes para llevar a cabo servicios y acciones que garanticen el derecho integral de las niñas y niños durante esta etapa.

Sin embargo, no deben ser impedimento y mucho menos una justificación. La progresividad del gasto debe asegurar mínimamente que los recursos destinados a la primera infancia no sean rebasados por la inflación. Para ello, será fundamental el cabildeo con tomadores de decisiones, así como su esfuerzo y voluntad para la obtención de mayores recursos.

En conclusión, el gobierno estatal se enfrenta a una situación dicotómica: permanecer pasivo con presupuestos inerciales o convertirse en una entidad pionera para el desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional. ¿En qué lado de la historia queremos estar?