Opinión

Ya son lejanas aquellas tardes en las que todo un país se conectaba a conferencia informativa para conocer respecto al avance de la pandemia en el país. En aquel entonces, apenas a meses de los primeros casos, escuchábamos con preocupación la proyección de 70 mil muertos. Hoy, a casi dos años del inicio del cierre de escuelas y con sobre 300 mil fallecimientos a cuestas, la pandemia sigue siendo tan real como difícil de creer.
Durante ese lapso, algunas cosas han cambiado. El virus ya no es el mismo, gran parte de la población ha accedido a algún grado de protección a través de vacunas y afortunadamente ya dejó de ponerse en duda la utilidad de los cubrebocas. Pero otras no han cambiado mucho.
Así, con la nueva ola de contagios las escuelas en Sinaloa volvieron a ser lo primero en cerrar. Y con ello, quienes nos dedicamos a la defensa del derecho a aprender debemos abogar de manera enérgica que, esta vez, las escuelas no pueden ser lo último en abrir.
Las razones son claras y contundentes. Los beneficios de los cierres escolares, en cuanto al control de los contagios, es menor frente al alto costo que representan las consecuencias negativas que estos cierres escolares causan en las vidas de los estudiantes, tales como el abandono escolar, la pérdida de aprendizajes y el daño a la salud emocional.
Sin embargo, este regreso no se puede exigir a ciegas. Lamentablemente, es evidente la falta de condiciones óptimas para que el retorno sea verdaderamente seguro. Y mientras en otros lugares los gobiernos han invertido y aprendido cómo hacer una gestión de la pandemia que no dañe el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes, en México se decidió básicamente seguir haciendo todo igual.
En dos años, no se ha visto la aprobación de paquetes presupuestarios específicamente destinados a superar esta emergencia educativa. Todo lo contrario, se ha continuado un camino de desaparición de programas presupuestarios claves para la inclusión y la equidad, como Escuelas de Tiempo Completo.
Con todo, se logró vacunar una primera vez a los docentes, antes de que existiera un llamado formal a regresar a clases. Y todo parece indicar que se estaría logrando una segunda dosis. Pero fuera de dicha medida, los anuncios de regreso a clases a nivel federal se dieron siempre sin garantías reales, ni de apoyos, ni de recursos.
De esta forma, elementos como sistemas de trazabilidad de casos, testeos, acondicionamiento de infraestructura, ventilación y monitoreo de la calidad del aire, están completamente afuera de los planes para reactivar clases presenciales.
En cambio, países como Alemania, o nuestros vecinos de Estados Unidos y Canadá han hecho grandes esfuerzos para privilegiar el derecho de niñas, niños, jóvenes, docentes y familias de contar con escuelas no sólo abiertas, sino sanamente abiertas.
Por ejemplo, en las escuelas de Hamburgo, el uso de cubrebocas es obligatorio y éstos son garantizados por el gobierno. 90 por ciento de los salones cuenta con filtros de aire, con protocolos de renovación de aire cada 20 minutos y además con aplicación de mecanismos de testeo preventivo. Y en Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo, cada niña y niño en edad escolar tiene a su disposición la oportunidad de vacunarse.
Por cierto, aun a pesar de estas diferentes condiciones, sigue habiendo ciudades o distritos que han decidido cerrar momentáneamente esperando que pase el pico de contagios más reciente, atribuido a la variante Ómicron.
¿Qué nos queda para Sinaloa? Reconocer que se está en una situación compleja en la que, tanto un escenario de abrir todas las escuelas como de cerrar todas las escuelas, ofrece riesgos que se pueden evitar volviendo a la estrategia de Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) con la cual Sinaloa supo encontrar mucho antes que el resto del país un camino de regreso a la presencialidad.
Y también exigir: los protocolos de la SEP están desfasados para el escenario actual y requieren ser actualizados; se debe aclarar cómo los recursos del programa La Escuela es Nuestra cubrirán aspectos tales como alimentación de las escuelas de jornada extendida. Y finalmente, la vacunación de niñas y niños entre 5 y 14 años puede ser un elemento central para dar más tranquilidad y confianza a las familias y permitir así que el proceso de restitución del derecho a aprender sea mucho más sólido.
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