El pasado viernes 18 de diciembre la LXIII legislatura aprobó la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2021 en la cual decidieron reasignar más de 695 millones de pesos al rubro educativo. Aunque esto disminuye un poco la situación de exclusión que enfrentarían las niñas, niños y jóvenes, no se resuelve el problema. Al final, los estudiantes carecerán de los apoyos necesarios para mitigar las afectaciones ocasionadas por la pandemia sobre su derecho a aprender.

En las reasignaciones encontramos elementos destacables que como señalamos en nuestro análisis “Por un presupuesto educativo incluyente para Sinaloa” https://mexicanosprimerosinaloa.org/wp-content/uploads/2020/12/Presupuesto-educativo.pdf  atenúan la situación de marginación que enfrentan muchos estudiantes. Esto puede apreciarse en los más de 31 millones de pesos destinados para la atención de niñas y niños jornaleros migrantes a los cuales se les había eliminado su presupuesto aun siendo uno de los grupos mayormente excluidos e invisibilizados. Reconocemos también las compensaciones a Centros de Educación Comunitaria o al Proyecto Alternativas los cuales apoyan el sostenimiento de estudiantes y familias que no tienen acceso a centros escolares de organización completa.

Por otra parte, hay cuestiones que no fueron atendidas por nuestros legisladores y son fundamentales para lograr el aprendizaje incluyente, así como otras que hasta el momento generan incertidumbre.

Un ejemplo de lo anterior es que, aunque se requieren docentes preparados y con las herramientas y habilidades necesarias para hacer frente a los efectos de la pandemia, no se reflejaron recursos suficientes para este propósito. En el caso de la formación inicial, a excepción de la Escuela Normal de Sinaloa el financiamiento de todas las demás escuelas formadoras fue reducido. Además, no existe ningún tipo de recurso estatal que compense la drástica disminución federal de 89% en términos reales que tuvo el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para apoyar la formación continua de las figuras educativas.  Lo anterior se contrapone con la visión de la Nueva Escuela Mexicana ya que si realmente se quiere revalorizar al magisterio es fundamental apoyar su formación inicial y continua con recursos suficientes y pertinentes a sus necesidades.

Otro asunto pendiente fueron los recursos orientados a fortalecer la capacidad de la escuela para realizar ajustes de acuerdo con sus prioridades y contextos. Con el presupuesto asignado no se reciben recursos estatales para subsanar la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo y el cumplimiento de sus objetivos mediante el Programa La Escuela es Nuestra. Asimismo, no existieron recursos para salvar al Programa Nacional de Convivencia Escolar y combatir el acoso escolar ni compensar las reducciones al Programa Nacional de Inglés para el aprendizaje de una segunda lengua.

El presupuesto educativo 2021 tampoco fortalece a las escuelas para enfrentar las consecuencias de la pandemia mediante recursos adicionales que les proporcionen las condiciones físicas y equipamiento necesario que requieren para su seguridad. Por el contrario, en términos reales se disminuyen los recursos para el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa el cual tiene la responsabilidad de garantizar la calidad física de los centros escolares. 

Lo anterior muestra que, aunque existen algunos avances en el presupuesto 2021 no existen estrategias ni programas de compensación que apoyen a restaurar los derechos afectados por la pandemia. El gasto es el principal instrumento de política pública, por lo tanto, si este no es suficiente y pertinente será muy difícil recuperar a todas esas niñas, niños y jóvenes que abandonaron la escuela, aquellos que enfrentaron problemas para seguir aprendiendo desde casa y necesitan estrategias diferenciadas para nivelar y reforzar sus aprendizajes, así como aquellos que requieren atención socioemocional.

Invertir en educación es una prioridad que no puede ser relegada a un lugar secundario, mucho menos cuando estamos al borde de una crisis educativa y el regreso a actividades presenciales está próximo a suceder.  Debemos pensar a largo plazo y como sociedad, nos corresponde seguir participando y proponiendo para incidir en el ejercicio presupuestal exigiendo que cada peso se gaste con transparencia y adecuados mecanismos de rendición de cuentas. De esa forma, será posible impulsar un sistema educativo incluyente al que las niñas, niños y jóvenes tienen derecho.