En reunión con los secretarios de educación de todos los estados del país, el secretario Esteban Moctezuma confirmó que, a partir de enero, las entidades federativas con semáforos en amarillo y verde podrán retomar actividades presenciales en las escuelas. Con este anuncio, comienza el largo y duro camino de devolverle a nuestra generación joven lo que esta pandemia les quitó. Comienza un periodo de mantener a la educación como una prioridad que deberá extenderse por largos años.

A estas alturas del año, ya era claro que la educación a distancia sólo era un mal sucedáneo de las escuelas al que sólo algunas familias podían acceder y al cual muy pocas realmente se mantuvieron enganchadas. Quienes no encontraron en sus hogares ni la tecnología, ni la conexión a internet, ni el lugar tranquilo y silencioso para concentrarse, ni el acompañamiento de un familiar o adulto responsable para hacer la tarea, realmente no tenían una opción disponible, hasta el anuncio hecho esta semana.

Explicado en simple, lo que planteó la SEP es que cada comunidad escolar pueda decidir de manera voluntaria instalar un Centro Comunitario de Aprendizaje. En él, los estudiantes y las familias podrán acceder a atenciones como asesoría pedagógica, apoyo psicoemocional, entrega y consulta de libros de texto y material didáctico, trámites escolares y uso de equipamiento y servicios (computadoras, internet, TV, impresoras) o de la infraestructura (auditorios, canchas deportivas), entre otras. Todo, siguiendo los lineamientos de sana distancia e higiene escolar definidos por la autoridad desde hace ya largos meses.

Retomar gradualmente el camino de regreso a la educación presencial es algo de gran importancia para el bienestar y desarrollo de los estudiantes. Hoy por hoy, abunda evidencia respecto a los efectos negativos de los cierres de las escuelas prolongados en el bienestar socioemocional de niños y adolescentes y también el retroceso de sus aprendizajes.

Sobre este último punto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) planteó hace unos meses que un cierre de cinco meses (en México las escuelas están cerradas desde finales de marzo) hará que cada estudiante pierda en promedio 0.6 años de escolaridad. Para poner este dato en perspectiva, basta recordar que a semana pasada la Comisión Nacional para la Mejora Continua en la Educación (MEJOREDU) informó que el avance promedio en la escolaridad de mexicanas y mexicanos para todo el sexenio 2012-2018 fue precisamente 0.6 años.

En el inicio de esta ruta de reapertura será clave que la autoridad educativa local considere las condiciones de infraestructura, de capacidades humanas y técnicas, que varían ampliamente entre escuelas en lo rural y en lo urbano, entre las públicas y las privadas. Y que se cuente con información actualizada del estado en que cada escuela se encuentra actualmente.

También, será fundamental que el presupuesto estatal 2021 asigne recursos para preparar a los planteles, para formar a los profesores y directores, a supervisores, a jefes de sector y a funcionarios de la estructura para cumplir con un papel absolutamente puesto al servicio de las necesidades de los alumnos. Se requerirán recursos para contratar especialistas de apoyo como psicólogos y psicopedagogos que acompañen los desafíos de atender a niñas, niños y jóvenes que necesitarán un acompañamiento, una contención y una atención personalizada muy diferente a la que las escuelas suelen ofrecer. Y por supuesto, habrá que construir confianza en docentes y familias respecto a los beneficios de instalar Centros Comunitarios de Aprendizaje.

Convencidos de los beneficios para los estudiantes, los adultos encargados de garantizarles el derecho a aprender no podemos fallarles. En manos de los diputados estatales estará incluir en el paquete del presupuesto estatal recursos que permitan que Sinaloa mitigue las consecuencias educativas de haber tenido las escuelas cerradas por tantos meses. En manos de la autoridad estará generar instancias de trabajo y diálogo colectivo para decidir lo que es mejor para niñas y niños, y planificar como garantizar el derecho a aprender desde estos nuevos espacios. Y en manos de la ciudadanía estará mantener la responsabilidad durante estas fechas festivas, manteniendo la sana distancia y evitando actividades que puedan atentar contra la baja intensidad de la pandemia que cualquier regreso a las escuelas requiere.