A 17 meses del cierre de escuelas a nivel nacional a causa de la pandemia por Covid-19, nos encontramos a menos de una semana del regreso a la presencialidad en todo el país. No obstante, debido a que la tercera ola de contagios genera miedo e incertidumbre entre la sociedad, es preciso señalar que las disposiciones legales de la SEP no obligan a las familias a enviar a sus hijos a clases presenciales, por lo que la decisión de asistir seguirá siendo voluntaria y la educación a distancia una opción para aquellos que así lo prefieran.

El regreso a las escuelas está programado para el próximo 30 de agosto, pero no será de la misma forma en como lo fue en marzo de 2020. Desde hace meses, algunos estados como Sinaloa, con Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), y Jalisco, con asesorías voluntarias, iniciaron con un proceso gradual de apertura escolar, modelos que podrían ser una base de cómo debieran funcionar las clases presenciales en el resto del país para no partir desde cero.

De hecho, Mexicanos Primero Sinaloa recientemente realizó un estudio (a publicar en los próximos días) en donde se recopilan los testimonios de diez directores de primarias y secundarias públicas en cinco municipios del estado, que instalaron un CCA en sus respectivas escuelas y profundizaron acerca de su funcionamiento bajo esta modalidad. Entre los principales hallazgos se destacan los siguientes:

• Autonomía escolar:  la decisión de abrir se determinó de forma colegiada en el Consejo Técnico Escolar (CTE).
• Enfoque educativo: la priorización de los docentes fue atender las necesidades socioemocionales de los estudiantes, así como el rezago de aprendizaje que presentaban.
• Infraestructura: es indispensable un diagnóstico de las necesidades materiales y de equipamiento de las escuelas para brindarles los recursos necesarios para un óptimo funcionamiento, sobre todo a aquellas con mayores carencias.
• Acompañamiento: las comunidades escolares requieren del apoyo de sus autoridades. Brindarles oportunidades de formación profesional, trabajo colaborativo con pares, así como el constante acompañamiento de la autoridad educativa para los retos que enfrenten, serán fundamentales para su regreso.  

Así pues, a casi año y medio del cierre de escuelas y con la basta evidencia que se ha generado en México y en el mundo sobre los procesos de reapertura, no hay espacio para improvisaciones. Regreso sí, pero responsable: donde la autoridad asegure recursos, condiciones adecuadas, protocolos claros y acompañamiento constante a directivos y docentes.

Lamentablemente, no todos los planteles se encuentran en posibilidades para la apertura, algunos por carencias propias (como servicio de agua, luz, lavamanos, resultado de años de abandono por parte del Estado y que requieren atención urgente), otros corren un mayor riesgo por la situación epidemiológica. No pueden regresar todos, pero sí aquellos que lo necesiten y que se encuentren en condiciones de volver. Lo que es claro es que la decisión no puede estar centralizada a lo que indiquen las autoridades federales o estatales, sino a lo determine cada escuela, pues nadie conoce su entorno mejor que ellas.

No podemos ser extremistas y exigir que “todos” vuelvan o que “nadie” lo haga. Hacerlo sería ignorar la diversidad de contextos que hoy se vive en cada comunidad escolar donde las brechas educativas se van ampliando con el paso del tiempo. A unos les es posible regresar a la escuela y a otros no; unos pueden continuar a distancia y a otros les urge la presencialidad. Pero a todos, sin excepción, se les debe garantizar su derecho a trayectorias educativas completas y en las mejores condiciones.