En ninguna circunstancia un gobierno que se diga incluyente podría aceptar que se recorte el gasto educativo a las escuelas que año tras año han enfrentado las condiciones de mayores carencias, marginación y vulnerabilidad. Sin embargo, de manera incongruente el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) propone sacrificar 17.7% de los recursos destinados al programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria, administrado por CONAFE, al recortarle casi 700 millones de pesos y con esto limitar el derecho a aprender de más de 300,000 niñas, niños y jóvenes a nivel nacional. 

Contrario a la urgente necesidad de disminuir las brechas de desigualdad en las escuelas comunitarias apoyando la expansión de sus servicios y profesionalizando sus figuras educativas, se opta por privilegiar transferencias directas mediante becas universales o el programa La Escuela es Nuestra, sobre los cuales no existe evidencia sobre su eficacia.  Todo esto, a costa de dejar en el olvido programas estratégicos que benefician la equidad educativa.

Aun antes de que la pandemia por COVID-19 llegara a nuestras vidas, las escuelas comunitarias ya tenían las condiciones más precarias de nuestro sistema educativo siendo el Estado incapaz de garantizar el derecho de estos niños y jóvenes a estar, aprender y participar en la escuela.

Lo anterior se refleja en que sus estudiantes, por lo general, pertenecientes a comunidades dispersas, rurales y en situación de pobreza presentan las tasas más altas de abandono escolar (8.9%). Asimismo, 4.3% de los estudiantes en primaria y 10.4% en secundaria enfrentan los niveles de extraedad grave más alta, es decir, tienen dos o más años por encima de su edad ideal en el grado que se matriculan (INEE, 2019).

Además de los numerosos problemas que enfrentan los alumnos de escuelas comunitarias para lograr trayectorias escolares completas, también encontramos que estos tienen los niveles más bajos de logro educativo en las evaluaciones de aprendizaje. Por ejemplo, en Sinaloa, de acuerdo con los resultados de la prueba PLANEA (2019), casi 5 de cada 10 alumnos de secundaria en Lenguaje y Comunicación y 6 de cada 10 en Matemáticas obtuvieron niveles insuficientes. La situación no fue distinta en primaria, ya que 6 de cada 10 alumnos en Lenguaje y Comunicación y casi 7 de cada 10 en matemáticas no alcanzaron los niveles requeridos para el nivel que les correspondían (INEE, 2018).

Por si esto no fuera poco, a nivel nacional estas escuelas tienen las mayores necesidades relacionadas con servicios educativos fundamentales, debido a que 22% no contaban con agua, 26.5% luz eléctrica y 93.4% internet. Y qué decir de la infraestructura, equipamiento y materiales educativos, donde 13.2% no tenía sanitarios, 90.7% no contaba con computadoras o tabletas para los alumnos y 53%.8 carecía de materiales visuales de apoyo a la enseñanza como mapas, laminas etc. (INEE, 2019).  

La evidencia es clara y muestra las graves carencias que han enfrentado las escuelas comunitarias, sin embargo, el proyecto de presupuesto no responde a la necesidad de atender a estas niñas, niños y jóvenes que debido a la pandemia lo necesitarán más que nunca.

No queda más que hacer un llamado a la coherencia y sensatez de nuestros legisladores, porque un nulo entendimiento de la situación podrá llevarnos a un retroceso educativo que lastimará aún más a los que menos tienen, profundizará su exclusión y del cual será muy difícil recuperarse.