Ya no hay dudas, la catástrofe educativa avanza silenciosamente. Mientras medios de comunicación internacionales advierten la amenaza de una calamidad educativa en América Latina, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) informó que cerca de 88 mil estudiantes se encuentran en riesgo de dejar la escuela. Para hacernos una idea, esta cifra es similar a la cantidad de estudiantes inscritos en escuelas públicas en Mazatlán. Preocupación es decir poco. Sinaloa necesita una estrategia segura de regreso a la escuela para el próximo ciclo escolar.

Durante esta larga etapa pandémica el sistema educativo no ha podido garantizar el derecho a aprender de todos los estudiantes. Se habla, cada vez con más evidencia en la mano, de una crisis generacional de aprendizaje y de desarrollo socioemocional. Hoy, también vemos al sistema haciendo agua por las rendijas de su incapacidad de levantar datos confiables sobre su propio estado. La razón es sencilla: sin escuela, no hay cómo saber si todas y todos realmente están dentro del sistema.

Esta incertidumbre es otra consecuencia de la “virtualización” del sistema educativo y de no haber apostado enérgicamente desde un inicio a que la estrategia principal fuese un regreso seguro a la presencialidad. Debido al cierre escolar, no sólo están en riesgo los aprendizajes y oportunidades de toda una generación. También está en juego la capacidad del sistema educativo de gobernarse usando evidencia confiable.

La incertidumbre respecto a lo que viene genera grandes dudas que se suman a un agotamiento y un malestar cada día mayor. Esto ya no sólo en familias, sino también en docentes y alumnos. Durante la semana pasada, trascendió el fuerte rechazo al mensaje que la secretaria Delfina Gómez envió vía redes sociales para acompañar a las comunidades escolares en la Octava Sesión de Consejo Técnico Escolar, debido a la ausencia de medidas reales de apoyo al magisterio, más allá de la continuidad en el pago de sus salarios.

La frustración es comprensible. Han sido 15 meses de incertidumbre y de sobreesfuerzo, de pagar con recursos propios el crédito para las clases en línea, la gasolina para recorrer en vehículo las colonias de los estudiantes buscando a los que no están, de haber decidido iniciar la atención presencial a estudiantes en el Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA) a pesar de tener escuelas saqueadas y sin equipamiento suficiente.

A pesar del actual repunte de casos de Covid-19 las autoridades educativas federales y locales ya no pueden eludir la responsabilidad de generar las condiciones para una presencialidad segura en las escuelas. La evidencia a nivel internacional es clara en señalar que sí se puede. Esta es la única forma de que se pueda conocer la magnitud de los problemas que padece nuestro sector educativo y organizar los esfuerzos humanos y económicos necesarios para superarlos.

Sinaloa ha experimentado los últimos meses con una fórmula que ofrece posibilidades razonables de ser una alternativa factible para organizar este regreso. Los CCA son una fórmula de innovación educativa de presencialidad ágil, adaptable y flexible. No se trata de regresar al sistema educativo de marzo de 2020, eso es imposible. Le tocará al nuevo gobierno materializar esa nueva escuela mexicana que, hasta ahora, sólo existe en la imaginación de quienes escriben discursos en las oficinas de la SEP en Ciudad de México.