En Sinaloa existe una dura realidad que nos obligará a hacer historia. Ya no se puede continuar ignorando la necesidad de resolver la precaria infraestructura de las escuelas en el estado. Cuando una de cada dos escuelas presenta problemas de seguridad estructural en sus salones; o no cuenta con energía eléctrica para sobrellevar la dureza del clima; o no dispone de insumos como agua corriente, drenaje y sanitarios, se pone en riesgo el bienestar físico y el derecho a aprender de miles de niñas, niños y jóvenes. Para salir de este pozo, es momento de formar un gran pacto cívico y trabajar en equipo.

Este golpe nos llega después de que México fuera el país de la OCDE que mantuvo las escuelas cerradas durante más tiempo a raíz de la pandemia. Así, problemas como el nivel de abandono escolar o la caída en los niveles esperados de aprendizaje académico y de desarrollo socioemocional permanecen aún sin ser descubiertos en toda su profundidad. No será hasta que todos los estudiantes puedan y deban volver en persona a su escuela que se sabrá exactamente cuántos dejaron de estar y aprender. Atender a todas las escuelas que no pueden abrir sus puertas es la más importante tarea para el presente y el futuro de Sinaloa.

El escenario actual llama a pensar en soluciones y en propuestas más que en responsables y en reclamos. Hoy no se puede cambiar el hecho de que durante décadas el mantenimiento de las escuelas haya sido dejado a la voluntad y el poder adquisitivo de las familias. Pero nada justifica que este problema siga quedando en manos de las propias comunidades escolares.

La autoridad educativa estatal tiene que convocar a un gran pacto por las escuelas. Al ritmo actual de inversión y de gestión que logramos conocer en el mes de mayo (solicitud de acceso a la información con folio 00683721) para el 2022 la SEPyC y el ISIFE planeaban atender a 377 escuelas invirtiendo poco menos de 40 millones de pesos. A ese ritmo, tomará cerca de 7 años atender a todos los planteles con necesidades, sin considerar los nuevos requerimientos que las demás escuelas puedan presentar.

Para responder de manera más pronta a las escuelas será necesario operar a marchas forzadas e invertir más recursos. En el presupuesto estatal aprobado en el congreso para este año, al ISIFE se le asignaron 492 millones, de los cuales 466 provienen del Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM) y 26 millones son de recurso estatal dirigido a labores de apoyo administrativo a dicho organismo.

En teoría, de ahí aún puede financiarse más obra escolar. Otras vías de acceso a recursos pueden ser el cobro de pólizas de seguros y el programa La Escuela es Nuestra. Aunque respecto a este último vale la pena señalar que las familias que reciban los recursos pueden optar por invertir en extender el horario de la escuela, lo cual limita la posibilidad de resolver carencias de infraestructura por esa vía.

Dada la urgencia y la magnitud del desafío, es momento de activarse y ser parte de una acción coordinada de la que participen gobierno, sociedad civil y el sector empresarial. Las escuelas no pueden seguir esperando.