Si lo que se busca es llevar una vida más saludable, bajar de peso o sencillamente probar un nuevo estilo culinario, cocinar al vapor es siempre una alternativa recomendable. Pero cuando se trata de diseñar políticas públicas y estimar presupuestos, no hay nada peor que procesos al vapor. Para que el 2023 Sinaloa vuelva a contar con la posibilidad de ofrecer jornadas escolares ampliadas y alimentación para alumnos, el proyecto de presupuesto educativo debe ser una prioridad desde hoy.

A este respecto, las preferencias y posiciones parecen estar excepcionalmente alineadas. Desde el gobernador, Rubén Rocha, hasta  los legisladores de otros partidos en el congreso del estado, existe el convencimiento de que es fundamental asegurar la continuidad de estos derechos  a niñas, niños y jóvenes.

Dado este amplio consenso, no ahondaremos en lo que perderá Sinaloa si efectivamente el horario extendido y los servicios de alimentación dejaran de ser ofrecidos. Bastará con decir que, precisamente por la magnitud de aquel hipotético despojo, la justicia ya falló a favor del derecho a aprender. Y obligó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a revertir las reglas de operación que impiden a las escuelas cubrir estas necesidades con fondos del programa La Escuela es Nuestra.

Pero en lo que sí nos concentraremos es en primero dejar muy claro que mientras la SEP no haga caso al dictamen de la justicia, en el 2022 que las escuelas continúen con estas prestaciones depende única y exclusivamente de la capacidad que las familias tengan de financiar los costos, lo cual es regresivo y excluyente.

Y segundo, en dar a conocer cuáles son los montos que debiera asegurar el proyecto de presupuesto de egresos del año 2023 para garantizar en los hechos -y no sólo en los anuncios- la continuidad de estas importantes prestaciones educativas.

De acuerdo con la última información disponible a la que tuvimos acceso para Sinaloa, al ciclo escolar 2019-2020 había 1,036 escuelas participando del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC). Las cuales atendían a 128,133 alumnos y en las que laboraban 5,656 docentes y 1,036 directivos. De todas esas escuelas, 1,023 ofrecían servicios de alimentación.

Para financiar toda esta operación, el presupuesto aprobado para el año 2020 le destinó un total de $546,902,658. Sin embargo, según reportaron funcionarios de la SEPyC el recurso recibido por el estado al mes de octubre 2020 no alcanzaba a ser ni la mitad de lo presupuestado. Debido a esto, se produjeron manifestaciones de maestras y maestros de diversos municipios del estado, quienes exigieron al entonces gobernador el pago de las compensaciones salariales adeudadas.

Si tomamos los casi 547 millones que originalmente se habían asignado al PETC para el 2020 y lo ajustamos considerando la inflación de los años 2021 (7.36%) y la estimación de 2022 (7.45%) obtenemos que el costo de financiar este programa, con el mismo tamaño que alcanzó a tener durante el ciclo escolar 2019-2020 sería de $630,852,216 pesos. Cifra superior a los 500 millones que ha señalado en semanas anteriores la secretaria Graciela Domínguez Nava.

Como resulta evidente, asumir este compromiso sin el impulso del financiamiento federal representa un pesado costo para el gobierno estatal. Sobre todo, si se consideran las importantes consecuencias en materia de recaudación que surjan de la desaceleración económica que enfrenta el mundo.

Por todo esto, si realmente se desea hacer de este asunto una realidad y no sólo un anuncio, resultará muy conveniente iniciar desde ya el proceso de negociación y planificación para incluir este rubro en el presupuesto del 2023. Ni copiar y pegar el presupuesto 2022 ni esperar a fin de año para armar un presupuesto al vapor son caminos idóneos para defender el derecho a escuelas de tiempo completo con alimentación para las niñas, niños y jóvenes en Sinaloa.