El programa federal “La Escuela te Extraña” parte de una convicción justa: ningún adolescente o joven debería quedar fuera de las oportunidades que brinda el sistema educativo para ejercer plenamente su derecho a aprender.

Reconoce que la ausencia escolar no puede pasar desapercibida y que el Estado debe salir a buscar a quienes se han alejado.

Sin embargo, su puesta en marcha vuelve a depositar la carga casi por completo en las y los docentes, sin activar al resto de las instituciones que la ley señala como corresponsables.

Las maestras y los maestros no rehúyen su deber; al contrario, muchos de ellos y ellas son quienes sostienen la esperanza todos los días, y estarían dispuestos a hacer eso y más por sus estudiantes.

Pero no les corresponde hacerlo solos, ni cuentan siempre con las herramientas, el acompañamiento o las condiciones para hacerlo.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y su homóloga estatal en Sinaloa, establecen con claridad que el abandono escolar debe atenderse desde el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El artículo 51, fracción IX, de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa es contundente: las autoridades educativas y escolares están obligadas a notificar a la Procuraduría de Protección los casos de asistencia irregular y abandono en educación básica y media superior.

Esa notificación no es un acto discrecional, sino un deber legal que activa los mecanismos de atención y seguimiento previstos en la ley, incluyendo la intervención de las instancias jurisdiccionales necesarias para garantizar el derecho a la educación.

En otras palabras, cuando un adolescente deja de asistir a la escuela y el sistema no actúa, se incumple la ley.

Este mandato no es exclusivo de la legislación estatal: la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 57, establece en los mismos términos la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de prevenir, atender y dar seguimiento al abandono escolar.

Por su naturaleza, una Ley General es de aplicación y observancia en todo el territorio nacional; establece las bases y principios que deben armonizar las legislaciones estatales y vincula a todas las instituciones competentes (educativas, de protección, salud, bienestar y justicia) en la garantía del derecho a aprender.

De acuerdo con ese marco jurídico, el abandono escolar debe enfrentarse como lo que verdaderamente es: una vulneración de derechos que requiere respuesta integral del Estado.

Atenderlo implica activar la coordinación del sistema en su conjunto, no solo la voluntad y esfuerzo del personal docente. La ley exige que el Estado actúe articuladamente, desde la detección y canalización hasta la restitución del derecho a la educación.

El propósito de “La Escuela te Extraña” es correcto: reconocer que el abandono escolar debe enfrentarse y que ningún estudiante debería quedar excluido de las oportunidades que brinda la escuela para desarrollar sus capacidades y continuar su trayectoria educativa. Lo que resulta insuficiente, y en cierta medida injusta es que esa responsabilidad recaiga casi por completo en las y los docentes.

El magisterio puede y suele ser la primera línea de respuesta, pero no puede ni debe sustituir al sistema. En una política pública integral, el deber de prevenir, detectar y acompañar al Estado en su conjunto, articulando a las instancias educativas, de protección, salud y bienestar.

Para lograrlo, hacen falta dos componentes concretos:

1. Un sistema estatal de alertas escolares, que permita identificar a tiempo a los y las estudiantes en riesgo de ausentarse o abandonar, activando rutas de acompañamiento y restitución de su derecho a aprender.
2. La vinculación de ese sistema con los programas de becas, especialmente en Sinaloa, donde la cobertura en educación media es una de las más altas del país.

La beca debe funcionar como incentivo, pero también como mecanismo de corresponsabilidad: su permanencia debería estar ligada a la asistencia y al progreso educativo.

Combatir el abandono escolar no depende de discursos ni de campañas temporales.

Depende de que el Estado cumpla la ley y asuma que garantizar el derecho a la educación implica prevenir, detectar y acompañar, no solo reincorporar.

Cada adolescente o joven que se aleja de la escuela es una alerta que el sistema debe atender, con acciones coordinadas entre educación, protección, salud y bienestar.

Sinaloa cuenta con el marco legal y las bases institucionales necesarias para combatir el abandono escolar desde un enfoque de derechos. También ha habido esfuerzos valiosos por activar rutas de atención y coordinación entre instancias educativas y de protección. Le corresponde ahora compartir esa experiencia y traducirla en una política pública permanente que asuma al abandono escolar como una responsabilidad de Estado, no solo del magisterio. Solo así podremos pasar del esfuerzo individual al cumplimiento colectivo de la ley.

Porque no basta con que la escuela extrañe.

El sistema tiene que cumplir la ley y acompañar.