El pasado lunes 19 de enero, la Secretaria de Educación Pública y Cultura compareció ante el Congreso del Estado para presentar los resultados del Cuarto Informe de Gobierno en materia educativa. Como organización de la sociedad civil, en Mexicanos Primero Sinaloa (MPS) revisamos estos ejercicios de rendición de cuentas no para descalificarlos, sino para contrastarlos con evidencia, dimensionar dónde estamos parados, identificar los principales retos y, sobre todo, encontrar rutas que permitan a la autoridad y a la ciudadanía organizada trabajar de manera articulada frente a los graves desafíos educativos que enfrenta el estado.

Desde los primeros minutos de su intervención, la Secretaria afirmó que en este periodo se ha consolidado una política educativa que garantiza el derecho a aprender de todas y todos. Ojalá fuera así. Nos encantaría poder decir que hoy, en Sinaloa, ese derecho está plenamente asegurado para cada niña, niño y joven. No obstante, la realidad es que aún estamos lejos de cumplirlo, especialmente en un contexto marcado por la violencia, las interrupciones del servicio educativo y profundas inequidades entre las comunidades escolares.

A lo largo de la comparecencia se enfatizaron los avances en cobertura escolar, particularmente en secundaria y educación media superior, así como en la implementación de las becas universales Rita Cetina. Estos esfuerzos son relevantes y deben reconocerse. Sin embargo, quedaron fuera otros indicadores clave que la propia SEP ha señalado, como el aumento del abandono escolar tanto en primaria como en secundaria. Asimismo, como se ha señalado en distintas evaluaciones, las becas son importantes pero insuficientes para generar transformaciones profundas en el sistema educativo si no se acompañan de estrategias integrales de atención al aprendizaje, a la escuela y al contexto.

Algo similar ocurre con la narrativa sobre inclusión educativa. También quisiéramos que fuera plenamente cierto que la inclusión en Sinaloa es una realidad. Si bien es positivo que existan libros en lenguas indígenas y que se reconozca la diversidad cultural, los datos muestran una brecha preocupante. Como documentamos en nuestro balance educativo del año pasado, al menos una de cada cuatro escuelas de educación básica no cuenta con infraestructura adaptada, y solo 13 por ciento dispone de materiales educativos para la diversidad. Además, aunque se afirmó que cualquier niña o niño que requiera atención especializada es atendido por USAER o CAM, el Índice Global de Aprendizaje elaborado por MPS en 2023 mostró que, pese a su importancia para el aprendizaje, una gran parte de las escuelas en la entidad no cuenta con servicios de USAER.

Respecto a la niñez migrante, se señaló que se garantiza el acceso a la educación bajo el principio de que “la escuela viaja con ellos”. El enfoque es correcto y el tema es prioritario. Precisamente por eso preocupa que, rumbo a 2026 el presupuesto destinado al apoyo de la población migrante haya sufrido recortes reales lo que pone en riesgo la capacidad institucional para sostener este compromiso en los hechos.

También se habló de la disminución del rezago educativo, pero en ningún momento se abordó la pregunta central: ¿Están aprendiendo las y los estudiantes? Ni en la comparecencia ni en el informe de gobierno completo se presentó información actualizada sobre resultados de aprendizaje y de instrumentos que permitan evaluar el desempeño de los alumnos en la educación básica para así ajustar y mejorar la política educativa.

Un aspecto importante que fue mencionado por la Secretaria fueron los datos sobre el programa La Escuela es Nuestra, donde se informó una inversión de más de 276.5 millones de pesos en 1,169 planteles. Esos datos no venían en el informe de gobierno y durante años ha sido un programa opaco en el cual se desconoce cuántos recursos por centro escolar se destinan a infraestructura, jornada ampliada y alimentación.

Las comparecencias son ejercicios fundamentales de rendición de cuentas, pero también deberían ser espacios para reconocer límites, identificar errores y sumar voluntades. Si de verdad queremos avanzar en la garantía del derecho a aprender, necesitamos diagnósticos completos y disposición a trabajar de manera conjunta. Mientras tanto, desde la sociedad civil, seguiremos dispuestos a acompañar, señalar y construir para lograr el sistema educativo al que aspiramos como sociedad.