Como cada año, analizar el presupuesto educativo es un tema de gran importancia, ya que revela las prioridades del Estado. Eso permite visibilizar que, aunque el monto destinado a educación presenta un ligero aumento del 2.1 por ciento real respecto a 2025, este crecimiento es insuficiente y, sobre todo, no refleja que el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes esté en el centro de las decisiones públicas.

El análisis de Mexicanos Primero muestra que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 propone 1.2 billones de pesos para educación; sin embargo, su proporción dentro del gasto federal programable baja de 16.9 a 16.62 por ciento. Esto implica que, aunque el monto total crece, la educación pierde peso dentro del presupuesto que el Gobierno puede decidir y orientar para fortalecer las políticas educativas.

Un punto relevante que debe destacarse es que, de acuerdo con el Programa Sectorial de Educación 2025-2030, solo el 48 por ciento de las estrategias vinculadas a sus seis objetivos cuenta con presupuesto y de las 33 estrategias planteadas, 17 no tienen recursos asignados. En otras palabras, más de la mitad de los compromisos del gobierno en materia educativa están en el papel, pero no en el presupuesto.

Un ejemplo claro de esta desconexión es la formación docente. En la investigación Voces desde el aula: la Nueva Escuela Mexicana en la experiencia docente, se documentó que la formación y el acompañamiento son una de las mayores deudas con el magisterio al implementar el nuevo marco curricular. Sin embargo, el PPEF 2026 destina apenas 91.50 pesos anuales por maestro. Estos recursos equivalen a que solo 4 de cada 100 docentes podrán acceder a alguna opción de formación continua. En términos reales, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) ha caído cerca del 90 por ciento en la última década. No hay manera de mejorar los aprendizajes si no se invierte en los principales actores que los impulsan.

Tampoco hay señales alentadoras en infraestructura. El programa La Escuela es Nuestra (LEEN) mantiene prácticamente los mismos recursos que el año anterior, con una asignación total cercana a los 23 mil 800 millones de pesos. Si bien este programa busca mejorar los entornos escolares, los montos son insuficientes frente a las necesidades acumuladas. Además, al transferir los recursos directamente a los comités de administración participativa el Estado traslada responsabilidades que deberían recaer en las autoridades. Asimismo, otras estrategias esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes, como promover ambientes inclusivos, sanos y seguros, y garantizar el derecho a la cultura física y al deporte, reciben apenas 0.45 y 0.22 por ciento del presupuesto respectivamente, lo que es a todas luces insuficiente.

El resultado es un presupuesto que no está orientado al derecho a aprender. México sigue siendo uno de los países que menos invierte por estudiante dentro de la OCDE: destina apenas 2 mil 790 dólares al año por alumno en educación básica y media superior, frente a los 13 mil 210 dólares del promedio de esta organización. Además, el Estado sólo cubre 83.8 por ciento del gasto educativo, por lo que las familias deben pagar el 16.2 por ciento restante, casi el doble de lo que aportan los hogares en promedio en los países de la OCDE (9.9 por ciento).

Corregir el rumbo exige mucho más que aumentos marginales. Se necesita invertir más y mejor, replantear las prioridades, destinar recursos donde más se requieren y hacerlo con base en evidencia y resultados comprobables. Medir los aprendizajes, fortalecer la formación docente y garantizar infraestructura digna no son lujos: son condiciones básicas del derecho a aprender. Mientras el presupuesto siga sin reflejarlo, la narrativa oficial de transformación educativa seguirá siendo solamente discurso.