Imagina que todos los días te despiertas con la incertidumbre de que, camino a tu trabajo o a dejar a tus hijos en la escuela, puedas encontrarte con un enfrentamiento armado, que te despojen del auto o que sufras alguna agresión. Piensa en la angustia de que, al caer la noche, sientas el agobio de regresar a casa, ya sea por la escasez de transporte o porque temes que puedan confundirte con alguien más al estar en el lugar y momento equivocados. Ahora imagina que las niñas, niños y jóvenes, en lugar de concentrarse en aprender matemáticas, lectura o ciencias tengan que aprender a esconderse bajo sus pupitres. Esto no es un ejercicio de imaginación, sino la descripción de algunos ejemplos cotidianos de lo que sucede en Culiacán.

Aunque la autoridad educativa en Sinaloa anunció un plan de recuperación de aprendizajes y aseguran un regreso casi completo a la presencialidad, la crisis de inseguridad en el estado sigue afectando la vida escolar. La sociedad percibe que los esfuerzos son insuficientes para proteger a las y los estudiantes. Además, el exceso de informes optimistas que no reflejan la realidad, ha debilitado la confianza en la capacidad de las autoridades para garantizar un entorno seguro.

Sinaloa enfrenta una nueva pandemia que profundiza aún más la crisis de aprendizajes acumulada y agrava las brechas de desigualdad entre los estudiantes. Justo cuando las niñas, niños y jóvenes comienzan a retomar el ritmo escolar, la violencia vuelve a apoderarse de los espacios públicos. Las balas no sólo les arrebatan su derecho a la educación, sino también su bienestar emocional, dejando cicatrices que, en muchos casos, los acompañarán de por vida.

Algunas escuelas han dejado de ser espacios para aprender y se han transformado en trincheras, donde la comunidad escolar debe permanecer pecho tierra, esperando que el peligro pase para no exponer su integridad física. Esta ruleta rusa que se vive día con día provoca ansiedad, depresión, estrés y desconfianza, afectando la vida y el aprendizaje de los estudiantes.

Para docentes y directivos la situación también ha sido difícil. En un conversatorio donde compartieron su sentir y percepciones sobre la crisis en Sinaloa, expresaron que enfrentan la presión de enseñar en condiciones adversas mientras cuidan de sí mismos y de sus estudiantes. Esta situación, afecta su salud mental, sus capacidades pedagógicas y su calidad de vida. Además, consideran que las autoridades educativas han fallado en su respuesta a la crisis y han minimizado la gravedad de la situación. Ante esto, ¿cómo puede la sociedad confiar en un sistema que no garantiza la seguridad en las escuelas?, ¿cómo se puede hablar de mejoras en el aprendizaje cuando la continuidad de las clases sigue siendo un desafío constante?

La sociedad sinaloense está cansada de vivir con miedo y de tener que adaptar su vida a los caprichos de la violencia, y que el derecho a la educación sea vulnerado una y otra vez. No debemos resignarnos. Habrá que seguir exigiendo que las autoridades actúen y garanticen entornos seguros y protegidos para que las trayectorias educativas de las niñas, niños y jóvenes ya no se interrumpan, pues no sólo está en riesgo su aprendizaje, sino también su desarrollo pleno como personas.