El 26 de agosto, inició el ciclo escolar 2024-2025 en medio de la transición presidencial de México. Este ciclo que comienza, marca el fin del sexenio de López Obrador y la política educativa que lideró desde 2018, para darle paso a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y su secretario de educación, Mario Delgado, quienes desde ahora, hasta el 2030, guiarán el rumbo del país en esta materia. Por consecuente, es un momento preciso para hacer un balance educativo de los últimos seis años y la herencia que dejan a la siguiente administración.

De acuerdo con el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, la administración saliente incumplió cinco de los seis objetivos prioritarios que se planteó, y sus principales pendientes tienen que ver con cobertura, aprendizaje e infraestructura escolar.

En el plan sectorial, se planteó aumentar el porcentaje de la atención a la educación inicial (población de 0 a 2 años) en el país, que en 2020 se encontraba en 8.7%. No obstante, para 2023, la cobertura en ese nivel se redujo a 6.3%. Y en el mismo sentido, la cobertura de educación preescolar (3 a 5 años) bajó de 79.6% a 74.1% durante los mismos años.

En el caso de los estudiantes que enfrentan mayores desventajas socioeconómicas, se estableció el objetivo de mejorar su acceso a la educación básica, que en 2020 alcanzaba un 92.3%, sin embargo, disminuyó al 90% en 2023. De manera similar, en la educación media superior, la tasa de escolarización de esta población se redujo del 76.4% al 75.9%. Y si bien la eficiencia terminal del sistema educativo nacional aumentó, pasando del 23.7% al 27.6%, no se logró alcanzar la meta proyectada de 29.7%.

En resumen, a nivel nacional, la cobertura en educación inicial y preescolar disminuyó, y la escolarización entre la población en mayor desventaja socioeconómica, también se redujo en los niveles de educación básica y media superior.

En lo que respecta a los logros de aprendizaje, no se logró la mejora esperada según el plan sectorial. La meta se enfocaba en superar los resultados de la prueba PISA, pero en 2022 los estudiantes de 15 años mostraron una disminución en el aprendizaje con respecto a la edición 2018, y los resultados en esta prueba bajaron en sus tres áreas: en matemáticas, del 41.7% al 34.2%; en lectura, del 55.6% al 53.1%; y en ciencias, del 53.1% al 49.2%.

Finalmente, en cuanto al tema de la infraestructura escolar, según datos de la Mejoredu, de un total de 238 mil escuelas de educación básica y media superior en el país, 26,463 no disponen de electricidad, 56,109 no cuentan con suministro de agua, 43,558 carecen de lavamanos, y 5,950 no tienen sanitarios. En resumen, 4 de cada 10 escuelas no cuentan con los cuatro servicios básicos esenciales para su operación.

Este es el estado de la educación que recibe la presidenta electa, y que, a partir del 1 de octubre, asumirá, junto a su equipo de trabajo, la responsabilidad de guiar el sistema educativo nacional y enfrentar el gran desafío de revertir estos indicadores y de establecer una política educativa que no solo corrija las deficiencias heredadas de sexenios anteriores, sino que también impulse un sistema más justo y equitativo para garantizar el derecho a la educación. La próxima administración tiene la oportunidad de construir sobre las lecciones del pasado, enfocándose en mejorar la infraestructura escolar, expandir la cobertura educativa y garantizar que todas y todos los estudiantes puedan estar, aprender y participar en la escuela, a través de una educación que les permita desarrollarse plenamente.