Opinión
La violencia que se ha generado en Sinaloa en los últimos días ha propiciado un grave ambiente de inseguridad. Aunque la indicación por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) fue reanudar las actividades escolares en todos los niveles y modalidades educativas en el estado, numerosas escuelas han permanecido vacías.
El Gobierno de Sinaloa tardó nueve días en implementar un operativo de resguardo de los planteles educativos, por lo que es de esperar que la vida escolar se vaya reanudando gradualmente mientras no sucedan hechos violentos de alto impacto. Sin embargo, la falta de confianza de las comunidades escolares para que se garantice un entorno seguro sigue presente.
Desde Mexicanos Primero hemos señalado que la violencia amenaza el derecho a aprender. Entre los múltiples efectos nocivos se encuentra el ausentismo, el abandono escolar y la profundización de las desigualdades educativas de los estudiantes que se encuentran en las comunidades con mayor marginación.
Además de estos efectos, la violencia también afecta la salud socioemocional de los alumnos, generando miedo, estrés y ansiedad. De acuerdo con los hallazgos del sondeo “Atención socioemocional para niñas, niños y adolescentes” publicado por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA-Sinaloa) tras los eventos acontecidos con el llamado “segundo culiacanazo” se reveló lo siguiente: 78 por ciento de los niños y adolescentes habían sido testigos de violencia en su entorno y el 41 por ciento reportó sentir miedo durante estos eventos. Otro dato alarmante fue que 79 por ciento solamente se sentía seguro en su hogar, lo cual enfatiza la gran afectación emocional de los estudiantes con la violencia del entorno.
Por tal motivo, en lugar de que la autoridad educativa busque evidenciar a los docentes y directores que no asistieron a las escuelas, se requiere implementar estrategias integrales que apoyen a las comunidades escolares a superar esta situación. En ese sentido, se deben establecer protocolos de actuación, claros y efectivos para manejar situaciones de emergencia en las escuelas. Además, incluir medidas de seguridad, procedimientos de evacuación y formación específica para el personal docente y directivo en la gestión de crisis.
Es imprescindible que la comunicación por parte de las autoridades sea oportuna, transparente, honesta y que exista una articulación clara entre los distintos niveles de gobierno. Los mensajes deben informar a las familias, docentes y sociedad en general sobre las condiciones de seguridad reales, sin minimizar la gravedad de la situación. De no hacerlo, se incrementará aún más el miedo y la desconfianza que ya prevalecen
Un elemento trascendental es que la autoridad promueva la autonomía de las escuelas. Esto no implica abandonarlas ni dejarlas sin guía o apoyo. Sin embargo, los docentes y directivos conocen mejor su contexto, por lo tanto, tomarán las decisiones que consideren convenientes para adaptarse a las circunstancias. En donde sea posible podrán aplicarse estrategias de aprendizaje híbrido o a distancia con el fin de asegurar la continuidad y el trayecto formativo de los estudiantes.
Finalmente, esta es una situación difícil para todos y requiere que las autoridades educativas y los líderes directivos actúen con empatía. La realidad varía entre familias, docentes y estudiantes, y lo que ocurre en Sinaloa no es normal; es un problema transversal que debe ser reconocido para enfrentar la situación.
Para asegurar que el derecho a aprender no se detenga, es crucial la colaboración y coordinación intersectorial e interinstitucional entre las instancias gubernamentales, todos los actores responsables de garantizar la seguridad, protección y bienestar de niñas, niños y jóvenes, y la sociedad en general. Con medidas de prevención adecuadas, estrategias contextualizadas, comunicación efectiva y una exigencia constante para garantizar la seguridad, podremos avanzar gradualmente en la recuperación de las escuelas y los espacios que nos corresponden como sociedad.
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Ángel Leyva