En Sinaloa, la violencia no solo se mide en disparos y en cifras de homicidios; también se mide en ausencias. En once meses han desaparecido aproximadamente 1,890 personas. Una de cada diez era menor de 16 años. No hablamos de números: son niñas, niños y adolescentes arrancados de su hogar, de su escuela, de sus sueños.

De esas desapariciones, alrededor de 1,299 corresponden a personas de entre 16 y 40 años, casi siete de cada diez. En particular, los adolescentes y jóvenes de 16 a 30 años concentran buena parte de los casos. Esa generación fue infante o adolescente durante la llamada “guerra contra el narco” de 2008–2010, cuando se cerraban escuelas, había desplazamientos y la violencia ocupaba los espacios que debieron ser de paz. Crecieron sin protección y hoy son el grupo más propenso a desaparecer.

La experiencia muestra un patrón doloroso: cuando niñas, niños, adolescentes y jóvenes quedan fuera de la escuela, aumenta su vulnerabilidad frente al reclutamiento y a la violencia. No es un destino inevitable, pero sí un riesgo que se multiplica.

Los datos educativos lo confirman. En Sinaloa, la tasa de abandono en secundaria alcanzó 7.2% en 2007–2008, por encima del promedio nacional. Y durante la pandemia, en 2020–2021, la media superior llegó a un crítico 16.3%, casi cinco puntos arriba del promedio nacional. Son proporciones que no podemos normalizar, porque detrás de cada porcentaje hay adolescentes y jóvenes que perdieron la oportunidad de continuar sus estudios y quedaron más expuestos al riesgo de reclutamiento.

La crisis actual de desapariciones refleja esos dos golpes educativos. El primero fue en la guerra de 2008–2010: quienes eran adolescentes entonces hoy tienen entre 26 y 30 años, justo dentro del rango que concentra las desapariciones. El segundo golpe fue la pandemia: en 2020–2021, adolescentes de 17 años enfrentaron el mayor abandono en media superior. Hoy tienen entre 16 y 22, y también encabezan las cifras de desaparición.

Romper ese ciclo exige muchas respuestas —justicia, oportunidades, instituciones que funcionen—, pero ninguna será sostenible si la escuela no cumple su papel. La educación no es la panacea, pero sí la condición mínima para abrir futuros distintos y reducir la vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, nos convoca a reconocer a las personas desaparecidas y a acompañar la exigencia de quienes las buscan. Y el pasado 27 de agosto, en el conversatorio “Desaparición forzada de personas: memoria, verdad y Derechos Humanos” en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, compartí estas reflexiones como un acto de reconocimiento, pero también como una convicción: sin educación garantizada y efectiva, seguiremos atrapados en el mismo ciclo.

Sinaloa enfrenta una crisis generacional: niñas y niños que crecieron en la violencia, adolescentes que abandonaron la escuela en la pandemia y jóvenes que hoy encabezan las cifras de desaparición. La ruta es clara: asegurar que permanezcan en la escuela, que aprendan lo que quieren y necesiten y que encuentren ahí un lugar de confianza.

Cada cifra es una silla vacía en un salón de clases. Cada ausencia es un futuro interrumpido. El verdadero homenaje a las víctimas es lograr que ninguna niña o niño quede fuera de la escuela y que ningún adolescente o joven sea empujado a la violencia porque se le cerraron las puertas del aprendizaje.

El futuro de Sinaloa no depende solo de la educación. Pero sin educación, no habrá futuro. Y si no rompemos el ciclo hoy, la deuda con la juventud seguirá creciendo y se seguirá pagando en ausencias.