En México y muchas partes del mundo, es común escuchar a los políticos y tomadores de decisiones pronunciar atractivos discursos sobre el valor y la importancia de la educación. Por lo general, aseguran que es un tema prioritario de su agenda y construyen narrativas para persuadir a la base magisterial y a la comunidad escolar. Sin embargo, cuando la evidencia se manifiesta, las palabras se desvanecen.

Afortunadamente, en México contamos con instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el cual tiene como misión medir la pobreza, evaluar los programas y la política de desarrollo social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas. Este organismo, publicó el 28 de octubre el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024, en el cual se analiza el estado de la situación educativa del país e identifica los numerosos desafíos que limitan este derecho, especialmente para los grupos que enfrentan mayores carencias y marginación.

Los resultados del estudio muestran un sistema educativo profundamente inequitativo que se manifiesta desde la primera infancia. Al respecto, existe una baja cobertura en este nivel, ya que solamente 4.8% de las niñas y niños de 0 a 2 años recibieron de educación inicial, y menos de una cuarta parte (23.9%) de los menores de 3 y 5 años asistieron al preescolar. Esto muestra una gran área de oportunidad para atender el derecho a la educación desde edades tempranas.

La inequidad del sistema educativo también se muestra en las tasas de asistencia escolar, ya que las personas que superan la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) tienen tasas de asistencia mayores que aquellos que se encuentran por debajo. El estudio señala que las diferencias más altas se encuentran en media superior y superior, con 15.2 y 14 puntos porcentuales respectivamente. Aquellas familias con menores ingresos ven afectada su capacidad para cubrir necesidades básicas y, por tal motivo, se limita su acceso a la educación.

Otro reto identificado se refiere a las carencias de infraestructura educativa que refuerzan lo que se ha dicho en numerosas ocasiones por la red Mexicanos Primero, y es que lo básico no está garantizado. Esto se manifiesta en que en el ciclo escolar 2022-2023, 21.5% de las escuelas carecían de agua, 18.1% de lavamanos, 8.8% de electricidad y 4.2% de sanitarios. Esta situación se agudizaba para los estudiantes en escuelas más vulnerables, como las comunitarias, donde más del 50% de los preescolares, primarias y secundarias, no cuentan ni siquiera con agua potable.

El estudio también destaca el bajo desempeño de los estudiantes mexicanos de 15 años en la prueba PISA, así como nuestra posición por debajo del promedio en comparación con los países de la OCDE. Tomando de referencia la última evaluación, se muestra la tendencia al estancamiento, ya que se obtuvieron puntajes de 395 en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias. Al respecto, las diferencias en el rendimiento de los estudiantes son diferenciados por el nivel socioeconómico, lo que visibiliza los enormes retos de brindar educación de calidad y equitativa para los estudiantes.

Estos son algunos de los hallazgos que proporciona CONEVAL y muestran que garantizar el derecho a la educación está lejos de cumplirse. El derecho a aprender en México sigue siendo desigual, inequitativo y limitado en su capacidad de favorecer la accesibilidad, disponibilidad y la calidad educativa. En ese sentido, se requieren implementar políticas públicas basadas en evidencia que contemplen las necesidades prioritarias de las niñas, niños y jóvenes. De esta manera y con la participación de todos, podrá construirse en los hechos y no únicamente en el discurso, un sistema educativo mejor.