La educación, un espacio que debería ser seguro, ha sido profundamente afectada por la violencia que sacude a Sinaloa. Hoy, los salones de clase se han convertido en un reflejo de la incertidumbre y el miedo que se vive en las calles. Los docentes, familias y estudiantes enfrentan una crisis sin precedentes, donde el derecho a aprender y su bienestar se ven amenazados por el clima de inseguridad.

El siguiente análisis, es basado en un diálogo llevado a cabo por Mexicanos Primero Sinaloa con actores de la comunidad escolar para conocer sus percepciones sobre el contexto que enfrenta el estado y cómo este escenario afecta el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes, pero también la seguridad de toda la comunidad educativa, la cual se encuentra en una posición vulnerable.

Durante el último mes, tanto docentes, directivos y familias han experimentado el miedo constante de salir de sus hogares. El insuficiente apoyo por parte de las autoridades educativas solo ha exacerbado esta situación, dejando a muchos sin saber cómo proceder para proteger a los alumnos.

A decir de los entrevistados, éstos consideran que las órdenes de reanudar clases, ya sea de manera presencial o en línea, se sienten como imposiciones desconectadas de la realidad que se vive en las comunidades más afectadas por la violencia.

En ese sentido, los docentes señalan que la asistencia ha disminuido drásticamente, ya sea por el temor de las familias o por la falta de acceso a medios tecnológicos en zonas marginadas. Es decir, muchos niños se ven forzados a interrumpir su educación, no solo por la inseguridad en las calles, sino por la falta de recursos para conectarse a clases en línea. Esta situación refleja una desigualdad estructural que la violencia ha profundizado, donde aquellos que enfrentan mayor marginación, son quienes más ven vulnerado su derecho a aprender.

El temor no solo afecta la asistencia, sino también el bienestar emocional de los estudiantes. Los docentes notan que los alumnos están confundidos y preocupados, incapaces de comprender plenamente el contexto que los rodea. Asimismo, el miedo y la incertidumbre afectan su capacidad de concentrarse y aprender, y muchos muestran signos de tristeza y desmotivación. Para los maestros, abordar este impacto emocional ha sido uno de los mayores desafíos, y sin herramientas claras para lidiar con esta situación de violencia, su labor educativa se complica aún más.

Al igual que los estudiantes, los docentes también experimentan ansiedad por el riesgo que corren de camino a sus centros de trabajo. La falta de protocolos de seguridad efectivos y la ausencia de formación adecuada para manejar situaciones de crisis agravan esta sensación de desprotección. Los maestros se sienten obligados a continuar con su labor bajo condiciones de peligro, y la constante presión por cumplir con sus responsabilidades genera un ambiente de angustia colectiva.

Las familias, por su parte, deben enfrentarse a la difícil decisión de elegir entre la educación de sus hijos y su seguridad personal. Aunque algunos apoyan el aprendizaje en línea, otros no tienen acceso a los recursos necesarios para garantizar que sus hijos puedan continuar con su educación de manera remota.

El sentimiento generalizado entre la comunidad educativa es que las autoridades han fallado en su respuesta a esta crisis. Las decisiones gubernamentales que se toman parecen desconectadas de la realidad que se vive en las escuelas, pues se minimiza la gravedad de la violencia y no se prioriza la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, los docentes critican la falta de empatía y acción por parte de las instituciones encargadas de garantizar tanto el derecho a la educación como la protección de los alumnos y maestros.

Ante este panorama, la comunidad educativa coincide en la necesidad de un cambio profundo en la forma en que las autoridades abordan la situación. El primer paso, según los docentes, es un diálogo real y abierto entre el gobierno, las instituciones educativas, maestros y familias para generar soluciones que prioricen la seguridad sin comprometer el derecho a la educación.

En segundo lugar, es fundamental establecer estrategias claras que definan si las clases deben continuar en línea o si las condiciones permiten el regreso presencial, evitando la confusión y los repentinos cambios que solo generan incertidumbre. Asimismo, es crucial que se implementen protocolos ante situaciones que pongan en riesgo la protección de estudiantes y docentes. Y finalmente, consideran que es imprescindible priorizar los derechos de niñas, niños y jóvenes y de la sociedad por encima de intereses políticos o de cualquier otra consideración.

La violencia en Sinaloa ha golpeado duramente a la educación, pero también ha puesto de manifiesto la resiliencia y el compromiso de los docentes y familias que luchan por proteger el derecho a aprender de los educandos. Sin embargo, no pueden hacerlo solos. Las autoridades deben actuar de manera decidida y responsable, partiendo por reconocer la gravedad de la situación y llevar acciones concretas basadas en el diálogo y la empatía, tomando medidas que garanticen tanto la seguridad como la continuidad educativa.