Mientras escribo estas líneas, la Cámara de Diputados discute en lo general la desaparición de siete órganos autónomos de distintas naturalezas y funciones. Entre ellos se encuentran la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) junto con los 32 institutos estatales de transparencia.

En el ámbito educativo, la extinción de CONEVAL, MEJOREDU y el INAI representaría un grave retroceso para el sistema educativo al debilitar los contrapesos democráticos y concentrar aún más el poder en las dependencias que absorberían sus funciones. Además, la pérdida de estas instituciones pondría en riesgo los derechos humanos y reduciría la capacidad técnica e independiente del gobierno para evaluar la efectividad de sus decisiones.

Coneval ha sido fundamental para la medición multidimensional de la pobreza y las evaluaciones de la política de desarrollo social vinculadas a los derechos humanos.

Esto, ya que ha brindado recomendaciones basadas en análisis técnicos, rigurosos e imparciales para ajustar y reorientar políticas públicas en los distintos niveles de gobierno. Gracias a este organismo se ha profundizado y visibilizado la inequidad en el sistema educativo con sus diagnósticos sobre el derecho a la educación o la situación de jornaleros agrícolas migrantes; se evidenciaron los buenos resultados del Programa Escuelas de Tiempo Completo, sobre todo en los estudiantes que enfrentaban mayores carencias y marginación; o bien, se identificó que las becas son importantes pero insuficientes para mejorar la calidad del sistema educativo.

La desaparición de Mejoredu (aunque no es un órgano autónomo) sería darle la estocada final al extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y con ello el desmantelamiento de la política nacional de mejora continua de la educación.

Este golpe al derecho a aprender sería visible al carecer de un mecanismo objetivo e imparcial que muestre la situación real del sistema educativo, puesto que al regresarle las funciones a la SEP habría desconfianza sobre los resultados que generen y la posible manipulación de la información.

Con esto, se desconoce el futuro de las evaluaciones de aprendizaje y se pone fin a aquella instancia que investigaba, proporcionaba evidencia para la mejora y recomendaciones para guiar el rumbo de la política educativa.

Finalmente, eliminar el INAI sería otro grave error que afectaría el derecho al acceso a la información y, a su vez, significaría un gran retroceso para el derecho a la educación. Transferir las funciones de este órgano autónomo a las dependencias de la administración pública federal aumentaría la opacidad, ya que la autoridad, al ser juez y parte, podría ocultar información sin consecuencias, haciendo más probable el aumento de la corrupción. Además, no existirían instancias para denunciar los incumplimientos de transparencia de los sujetos obligados, se diluiría la protección de datos personales y se debilitaría la democracia.

Actualmente, el INAI permite el derecho de los ciudadanos a saber, y favorece que los gobiernos rindan cuentas. Su desaparición nos dejaría a merced del abuso de poder y restringiría el acceso a la información únicamente a lo que las autoridades decidan, o no, proporcionar.

Eliminar estas instituciones representa un retroceso democrático que no responde a la urgente necesidad de priorizar la educación. Al perder capacidades de evaluación, generación de evidencia, acceso a la información, así como la pérdida de independencia, objetividad y capacidades técnicas, se desprotegen derechos humanos y poco a poco se pierden los mecanismos para avanzar progresivamente a garantizar un futuro mejor para las nuevas generaciones. Como bien señala el CONEVAL, lo que se mide se puede mejorar, pero parece ser que al tomar esa decisión, eso no importa.