El reciente informe Panorama de la Educación (Education at a Glance) 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pone en evidencia retos cruciales para el sistema educativo mexicano de cara al próximo sexenio. Este reporte subraya la importancia de una agenda educativa enfocada en la equidad social, una meta que parece cada vez más lejana si no se toman medidas urgentes para mejorar la inversión en el sector.

En primer lugar, México debe revisar la forma en la que se asignan los recursos financieros a la educación, empezando por incrementar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a este sector. Actualmente, la inversión educativa pública y privada (del gobierno y las familias) ha disminuido, pasando de 4.6% del PIB en 2018 al 4.2% en 2021. Esta reducción es preocupante, sobre todo porque afecta con mayor dureza a las comunidades más marginadas, limitando aún más sus oportunidades educativas y perpetuando el círculo vicioso de la desigualdad social.

Este desbalance es particularmente evidente en los niveles educativos más fundamentales, como la educación preescolar, ya que los primeros años son clave para el desarrollo de aprendizajes a lo largo de la vida. Sin embargo, de los países incluidos en el informe, México es el que destina menor tiempo a la enseñanza en este nivel. Mientras que en Alemania se destinan casi ocho horas diarias a lo largo de 255 días al año, en México, los docentes apenas dedican 2.7 horas al día durante 190 días. Este tiempo se encuentra muy por debajo incluso de países latinoamericanos como Chile y Colombia, en donde se destinan 6 y 5 horas diarias en 180 y 188 días al año, respectivamente.

Esta diferencia no solo afecta el desarrollo cognitivo de los estudiantes, sino que acentúa las barreras para aquellos que no cuentan con acceso a actividades educativas fuera de la escuela, como es el caso de muchas comunidades marginadas. En ese sentido, además de ampliar la oferta horaria, se debe mejorar las condiciones salariales de los docentes de preescolar, quienes, a pesar de desempeñar una labor crucial, perciben remuneraciones considerablemente inferiores a las de sus colegas en niveles superiores.

Otro aspecto fundamental del informe de la OCDE es el contraste entre los niveles de inversión por estudiante entre México y otros países de la región. En México, el financiamiento público por estudiante de preescolar, primaria y secundaria asciende a 56,918 pesos al año, una cifra que queda corta en comparación con Argentina y Brasil, y más aún de Chile, que casi duplica esta cantidad.

Por otro lado, la disparidad en el número de estudiantes por docente es otro de los problemas a considerar. Mientras que el promedio de alumnos por maestro en educación secundaria en los países de la OCDE es de 13, en México es de 20. Este desequilibrio afecta especialmente a las escuelas en zonas de pobreza, donde la atención individualizada a los estudiantes se ve gravemente comprometida.

Todos estos elementos afectan la equidad educativa, y traen consigo problemas que evidentemente no pueden ser abordados de manera aislada. Para que las políticas educativas tengan un impacto real, deben ser congruentes con otras políticas públicas (reforzarse entre sí) para abordar problemas estructurales como la pobreza, el empleo precario y la falta de acceso a servicios básicos.

Sin embargo, toda política pública requiere de gasto. El ejecutivo federal está a pocas semanas de tomar posesión para dar inicio a un nuevo sexenio, y los legisladores pronto deberán discutir el presupuesto de egresos 2025. Ahí, con los recursos económicos que sean dirigidos a atender estas problemáticas, será posible ver el grado de prioridad que se le da a promover una educación más justa, equitativa e incluyente para todas las niñas, niños y jóvenes.