Opinión
A partir del sexenio iniciado en 2018, desde el Ejecutivo se ha tenido una tendencia a la centralización del poder político debido al debilitamiento de las funciones de los organismos autónomos (incluso hasta la eliminación de estos mismos), así como el desprestigio y estigmatización a las organizaciones de la sociedad civil cuando éstas han realizado críticas y cuestionamientos a la administración.
Ahora, con la culminación del reciente proceso electoral, la nueva configuración política del País le brinda un poder aún más inmenso al partido oficial, por lo que posiciona a las organizaciones de sociedad civil como un elemento imprescindible para la democracia y un actor clave en su rol de contrapeso.
Alrededor del mundo, la sociedad civil organizada se ha consolidado como un elemento esencial en la construcción y fortalecimiento de la democracia. Pero, ¿qué es exactamente la sociedad civil? Se trata de un conjunto de organizaciones y ciudadanos agrupados que, con recursos materiales y simbólicos, actúan colectivamente en favor de diversas causas. Las también llamadas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), buscan influir en la mejora de distintos aspectos sociales, mientras operan fuera del sistema político formal y sin seguir una lógica de mercado.
La importancia de la sociedad civil radica en su capacidad para representar y articular los intereses y preocupaciones de los ciudadanos, algo que los gobiernos por sí solos no pueden lograr plenamente, dadas sus propias limitaciones. De esta forma, la inclusión de la voz y acción de los ciudadanos en la gestión pública no sólo mejora la provisión de servicios, sino que también reduce las asimetrías de poder. Las OSC movilizan recursos, generan iniciativas innovadoras y enriquecen el debate público, promoviendo soluciones creativas a los desafíos sociales.
Además de su importancia intrínseca, la sociedad civil fortalece la democracia y la gobernanza de manera significativa. Debido a la incapacidad de los gobiernos de administrar y gobernar como un ente único, este modelo sugiere que tanto las instituciones estatales como los actores públicos, privados y sociales deben colaborar estrechamente para alcanzar objetivos comunes. En ese sentido, los ciudadanos organizados tienen la capacidad de participar activamente en la deliberación y toma de decisiones, promoviendo la distribución del poder. Esta colaboración asegura una mayor inclusión y representación de diversos intereses y necesidades en la toma de decisiones, impulsando un desarrollo más eficaz, equitativo y justo.
Por otra parte, el rol de la sociedad civil como contrapeso es quizás uno de sus aspectos más cruciales. Las OSC, al mantenerse fuera del sistema político formal, pueden actuar de manera independiente y crítica, vigilando el ejercicio del poder, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Debido a que no sólo se interesan en el bienestar individual, sino en el de la sociedad en su conjunto, las OSC actúan como un contrapeso que limita los abusos del poder estatal. Este papel de vigilancia y control es fundamental para prevenir que el poder se corrompa y garantizar que la gestión de los gobernantes sea en beneficio del interés público.
En conclusión, las OSC, con su capacidad para representar intereses ciudadanos, fomentar la participación activa y actuar como contrapeso al poder estatal son esenciales para reforzar el sistema democrático. En ese sentido, fortalecer a las OSC y fomentar la participación ciudadana son pasos cruciales para construir una democracia más robusta, equitativa e incluyente, preparada para enfrentar los desafíos futuros, así como para construir la sociedad que aspiramos.
Finalmente, es preciso aclarar que, cuando se habla de contrapesos, no debe limitarse a considerar solamente a los poderes del Estado o a los partidos políticos. La vida política y la democracia van más allá de esas estructuras formales, y requieren de la participación activa, crítica y constante de sus ciudadanos, requieren de la sociedad civil.
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Ángel Leyva