Este 30 de abril, el Día del Niño, en muchas escuelas y comunidades de Sinaloa se celebrará con actividades recreativas, juegos y expresiones de cariño. Estos gestos son valiosos, forman parte del derecho de niñas y niños a la recreación, a la alegría y a ser reconocidos. Pero también es momento de mirar más allá del festejo y preguntarnos con honestidad: ¿estamos haciendo lo suficiente para que cada niña y cada niño tenga una educación que respete su dignidad y sus derechos?

En muchas comunidades del estado, niñas y niños asisten a escuelas donde faltan baños funcionales, techos seguros o agua potable. En otras, la violencia escolar —ya sea entre pares o ejercida por adultos— se vive sin atender los protocolos de prevención y atención. Y en no pocos casos, las clases se suspenden durante días o semanas por motivos ajenos a su bienestar y a su derecho a aprender, lo que viola abiertamente el interés superior de la niñez.

A esto se suman realidades que aún permanecen invisibilizadas, niñas y niños con discapacidad que no cuentan con un espacio ni con los apoyos necesarios en la escuela, o niñas y niños migrantes, indígenas y/o jornaleros agrícolas que continúan fuera del sistema educativo. Estas exclusiones reflejan la persistencia de barreras estructurales que siguen afectando el ejercicio pleno de sus derechos.

Esto no es una anécdota ni una excepción. Es un patrón que debe preocuparnos y ocuparnos. Porque, en materia de derechos humanos, cuando estos se ven vulnerados, no basta con reconocerlo, existe la obligación de reparar el daño.

¿En qué puede consistir esa reparación en Sinaloa? En garantizar condiciones mínimas de infraestructura para todas las escuelas,; en contar con protocolos efectivos para prevenir y atender la violencia escolar; en asegurar la continuidad del servicio educativo, incluso en contextos difíciles; y en algo más de fondo: dar voz a niñas y niños, y tomarlos en cuenta como parte activa en la solución de los problemas que enfrentan en su vida escolar.

Hablar de reparación no es exagerar. Es tomar en serio lo que nos demanda la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado. Es asumir que la infancia sinaloense no necesita paliativos ni promesas, sino respuestas estructurales y duraderas.

Debe garantizarse calidad, equidad y pertinencia en cada experiencia educativa, asegurando que todas las niñas y todos los niños logren obtener conocimientos que les den herramientas para la vida. Porque aprender importa, y porque no hay nada más importante que garantizar el presente y el futuro de quienes hoy son infancia.

Visibilizar lo que enfrentan niñas y niños en Sinaloa no es solo un ejercicio de conciencia: es un llamado a la acción. Exigir que el derecho a la educación se cumpla en su totalidad —como lo establece la Constitución, con criterios de excelencia— es una responsabilidad colectiva que debemos asumir todas y todos.

No se trata solo de percepciones. Investigaciones de Mexicanos Primero Sinaloa han documentado que muchas escuelas siguen operando sin condiciones básicas para garantizar el aprendizaje, y que niñas y niños no estan logrando obtener las habilidades fundamentales que les permitan comprender, participar y transformar su entorno. Decirlo en el marco de una fecha que reconoce sus derechos no es una contradicción, es una responsabilidad. Porque no basta con celebrar a la niñez; hay que garantizarles lo que por ley les corresponde.