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Opinión

Participar para educar
04/julio/2024
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Daniel Rodriguez
Daniel Rodríguez
Investigador en Mexicanos Primero Sinaloa

Desde 1997, el INE, en colaboración con diversas instituciones, ha organizado consultas infantiles y juveniles contando con la participación de 34.5 millones de niños, niñas y adolescentes. Estas consultas, realizadas cada tres años, han servido como un espacio valioso para que las voces jóvenes expresen sus inquietudes y aspiraciones respecto a su entorno educativo. Sin embargo, a pesar de esta participación significativa, las demandas de los estudiantes continúan siendo relegadas a un segundo plano, dejando en evidencia un sistema educativo que aún no reconoce plenamente su rol protagónico.

Los temas recurrentes planteados por los niños y adolescentes en estas consultas incluyen la necesidad de participar en la elaboración de reglamentos internos, ser tomados en cuenta en las decisiones escolares, mejorar la infraestructura educativa en su escuela y disponer de más becas.

Por ejemplo, en la consulta de 2021, en un contexto de pandemia, 28% de los adolescentes de 14 a 17 años señalaron la necesidad de mejorar las instalaciones escolares, y 22% deseaba poder opinar y ser escuchado en la escuela. En la de 2012, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes pedía mejores instalaciones y equipo para aprender, y 7 de cada 10 consideraba que mejorar la educación era esencial para el progreso del país. Mientras que en la del 2000, sólo 33% de los estudiantes sentían que eran tomados en cuenta en la elaboración de las reglas escolares.

En el ámbito internacional, la Observación General núm. 12 del Comité de los Derechos de las Niñas y los Niños de las Naciones Unidas, resalta el derecho de éstos a ser escuchados, y formula recomendaciones para que los Estados que lo conforman garanticen su participación efectiva en la toma de decisiones. Esta participación debe incluir consultas diversas para conocer las opiniones de niñas y niños en diferentes ámbitos.

Para el caso del derecho a la educación, se indica que se deben realizar estos ejercicios a nivel local y nacional sobre todos los aspectos de la política educativa, particularmente para el fortalecimiento de los planes de estudios, métodos de enseñanza, estructuras escolares, presupuestos y sistemas de protección de infancias. La participación debe ser un proceso continuo, con seguimiento y evaluación, informando a los niños sobre cómo se utilizan sus opiniones y permitiéndoles influir en el análisis de las conclusiones. Así, el derecho a la participación no se limita a la consulta, sino que abarca todas las etapas de los procesos de decisión, promoviendo una cultura de respeto hacia las infancias y adolescencias.

A pesar de la creciente participación, y de todo el marco legal que la sustenta, las oportunidades para que los estudiantes influyan en las decisiones que afectan su educación siguen siendo limitadas. El único espacio de participación formal actual, es el Comité Escolar de Administración Participativa del programa La Escuela es Nuestra, que otorga a los niños y niñas una voz sin voto y restringe su participación a partir del cuarto grado de primaria. En este consejo, compuesto mayoritariamente por adultos, los estudiantes no tienen poder real para influir en decisiones cruciales sobre el bienestar y el aprendizaje en sus escuelas.

La falta de un mecanismo institucional que integre las voces de los niños y adolescentes en las políticas educativas refleja una visión anticuada de estudiantes como sujetos pasivos en lugar de protagonistas activos en su proceso de aprendizaje. Esta perspectiva no sólo infringe el derecho a aprender de los estudiantes, sino que también impide la formación de una ciudadanía democrática, que se forja a través de la participación activa y significativa en la escuela.

El derecho a la educación, debe ser concebido como el derecho a estar, aprender y participar en la escuela, lo cual implica reconocer a los estudiantes como agentes de su propio proceso de aprendizaje y fortalecer su autonomía, dándoles la oportunidad de ser escuchados y tener en cuenta sus opiniones, acorde con el principio del interés superior de la niñez.

En conclusión, al impulsar la participación de los estudiantes en la toma de decisiones escolares se beneficia su bienestar emocional, se mejora las políticas públicas al integrar sus perspectivas y también se fortalece la democracia. A nivel internacional, numerosos estudios respaldan estos beneficios, demostrando que un sistema educativo inclusivo que valora y escucha a sus estudiantes no sólo promueve mejores resultados académicos, sino también una sociedad más justa, equitativa y democrática.

Fuente: https://revistaespejo.com/reflexiones/participar-para-educar/

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