El calendario escolar establece los días en que las escuelas deben abrir sus puertas, pero no garantiza que todas estén en condiciones de hacerlo. Para miles de niñas, niños y adolescentes en Sinaloa, asistir regularmente a clases sigue dependiendo de circunstancias que van más allá de su voluntad.

Los primeros hallazgos del ciclo escolar 2026-2027 de la plataforma Días Sin Clases, desarrollada por Mexicanos Primero Sinaloa, permiten dimensionar esta problemática. Durante los primeros 33 días oficiales del calendario escolar, comprendidos hasta el 16 de octubre, no hubo un solo día en el que no se documentara la suspensión de clases en al menos una escuela del estado.

En ese periodo se documentaron 337 registros de suspensiones, un promedio de diez diarios. Sin embargo, más allá de la frecuencia, resulta especialmente revelador identificar las razones que las explican. Contrario a lo que podría suponerse en un estado que durante los últimos dos años ha enfrentado un contexto complejo de inseguridad, la mayoría de las interrupciones documentadas no estuvieron relacionadas directamente con hechos de violencia, sino con problemas operativos de los propios planteles escolares.

De los 337 registros, 254 correspondieron a causas operativas, equivalentes al 75% del total. Dentro de esta categoría, los problemas de infraestructura y servicios básicos concentraron 184 registros, es decir, más de la mitad de todas las suspensiones documentadas. A estos se suman situaciones de riesgo físico o sanitario en el entorno escolar, vandalismo, falta de personal y conflictos laborales. Se trata de circunstancias distintas entre sí, pero que comparten una característica: evidencian las dificultades que enfrentan numerosas escuelas para contar con las condiciones necesarias para funcionar regularmente.

Por su parte, las causas por fenómenos naturales representaron el 24% de los registros, principalmente por alertas meteorológicas, lluvias intensas e inundaciones. Las suspensiones relacionadas con violencia o inseguridad constituyeron menos del 1%. Esta distribución no significa que la violencia haya dejado de afectar la vida escolar ni que sus consecuencias puedan reducirse a los días de suspensión. Lo que muestra es que, incluso al margen de esta problemática, persisten otras condiciones que continúan obstaculizando la continuidad de las actividades educativas.

La distribución territorial de los registros también ofrece elementos importantes para el análisis. Ahome, Culiacán y Guasave concentraron 229 suspensiones, equivalentes al 68% del total estatal. Más significativo aún es que estos tres municipios acumularon el 81% de los registros asociados con causas operativas. En cada uno de ellos, durante 30 de los primeros 33 días del calendario escolar se documentó que al menos una escuela suspendió actividades por este tipo de problemas. Aunque estas cifras no permiten establecer por sí mismas dónde existe una mayor proporción de escuelas afectadas, sí muestran una concentración de situaciones que requieren atención institucional.

Cuando una escuela suspende actividades por falta de electricidad, agua o condiciones de seguridad en sus instalaciones, no estamos solamente ante un problema administrativo o de mantenimiento. Estamos frente a una situación que compromete las condiciones para ejercer el derecho a la educación. Además, estas interrupciones no afectan necesariamente a todas las comunidades por igual. Quienes estudian en planteles con mayores carencias pueden enfrentar obstáculos adicionales para sostener sus trayectorias educativas, profundizando desigualdades que el propio sistema debería contribuir a reducir.

Es importante reconocer que los registros de Días Sin Clases no constituyen un registro exhaustivo de todas las suspensiones escolares en Sinaloa. La plataforma documenta casos identificados a través del monitoreo de información pública y otras fuentes disponibles, por lo que las cifras deben interpretarse como un registro de situaciones documentadas y no como la totalidad de las interrupciones ocurridas. Tampoco permiten determinar cuántos estudiantes fueron afectados ni cuántos días de clase perdió cada uno. No obstante, la recurrencia de los casos y las condiciones que los originan ofrecen evidencia suficiente para advertir una problemática que merece mayor atención pública.

Los hallazgos plantean, por tanto, una responsabilidad que va más allá de reaccionar cuando una escuela deja de funcionar. Se requiere fortalecer los mecanismos de identificación temprana de necesidades, dar seguimiento a los planteles que presentan problemas recurrentes y establecer respuestas oportunas para evitar que las carencias de infraestructura y servicios básicos se traduzcan en interrupciones prolongadas. También resulta indispensable contar con información pública, sistemática y actualizada que permita conocer dónde, cuándo y por qué se suspenden las actividades escolares, así como las acciones emprendidas para restablecerlas.

El ciclo escolar apenas comienza y estos resultados no permiten anticipar lo que ocurrirá durante los próximos meses. Sin embargo, dejan una advertencia: no basta con establecer 185 días de clases en el calendario si las condiciones para cumplirlos no son sostenibles en todas las escuelas. La continuidad educativa no debería depender de la capacidad de las comunidades escolares para resolver por su cuenta carencias que corresponden a las instituciones atender. Garantizar que las escuelas puedan abrir sus puertas todos los días, en condiciones dignas y seguras, tendría que ser una prioridad permanente de la política educativa en Sinaloa.