En marzo de 2024 se publicaron los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, la cual mide la percepción ciudadana sobre la calidad de distintos servicios públicos en el país, incluyendo la educación. Según los datos difundidos por INEGI, el 76.3 por ciento de la población usuaria del servicio de educación pública obligatoria en la entidad (primaria, secundaria y bachillerato) declaró estar satisfecha. Esta cifra no solo supera al promedio nacional (71 por ciento), sino que también representa una mejora respecto al 74.5 por ciento registrado en la entidad en el año 2021. Con ello, Sinaloa se ubica entre las siete entidades del país con mejores niveles de satisfacción, sólo por debajo de Sonora (84 por ciento), Baja California Sur (79.7 por ciento), Coahuila (79.6 por ciento), Nayarit (78.7 por ciento), Colima y Durango (ambos con 76.9 por ciento).

Pero reducir el análisis a una cifra general de satisfacción sería limitar la mirada a la superficie del problema. La encuesta también desglosa dimensiones que permiten entender por qué la percepción es favorable: el 85.9 por ciento de los usuarios considera que hay suficiente personal docente en las escuelas; 83.7 por ciento considera que cuenta con personal docente capacitado; y 83.7 por ciento refirió que se cumplió con los temarios de los cursos al concluir el ciclo escolar. En estos tres ámbitos, el estado se ubicó por encima de la media nacional.

Sin embargo, no todo es positivo. La ENCIG también identifica que, desde 2023, Sinaloa ya mostraba una percepción menor al promedio nacional en el cumplimiento de los días de clase (85.3 por ciento frente a 87.1 por ciento), posiblemente por suspensiones relacionadas con paros laborales o fenómenos climáticos. Este dato adquiere mayor gravedad si se considera el contexto actual: durante el ciclo escolar 2024-2025, la violencia ha provocado la pérdida de al menos 30 días de clases en la entidad, y el ausentismo estudiantil se ha agudizado de forma intermitente en algunos municipios. Lo anterior apunta a que este indicador, ya por debajo de la media nacional, se deteriorará aún más en la siguiente edición de la encuesta.

Otro dato preocupante es que, a nivel nacional, sólo el 46.5 por ciento de la población usuaria percibe que la educación pública es verdaderamente gratuita. Aunque este dato no se desglosa para Sinaloa, es un recordatorio de que la gratuidad, como principio constitucional de la educación, muchas veces se ve erosionada por cobros encubiertos o gastos indirectos.

Finalmente, no hay que perder de vista que estos datos miden percepción, no aprendizajes. No se pregunta si niñas, niños y adolescentes están desarrollando las habilidades básicas necesarias para su desarrollo ni si hay equidad en las oportunidades de aprendizaje entre regiones, tipos de escuela o grupos poblacionales. La percepción de “calidad” y las dimensiones que se consideran, no necesariamente equivale a que exista una educación justa y equitativa en la realidad.

No obstante, estas cifras sirven como punto de partida para tomar decisiones mejor informadas. Encuestas como la ENCIG ofrecen pistas valiosas sobre cómo se vive y se percibe la educación en el territorio, y su mayor utilidad radica en que esos hallazgos se traduzcan en acciones concretas para cerrar brechas, anticipar riesgos y fortalecer lo que sí está funcionando para avanzar hacia un sistema educativo más justo y equitativo para todas y todos.